El Ministerio Público pidió explicaciones a la UNP tras detectar que un proceso de $78.000 millones a esquemas de seguridad limitó su alcance en el país.
Bogotá, D.C. — La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección especial a las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el objetivo de poner bajo lupa dos procesos de gran envergadura institucional: la eventual provisión de más de 6.000 nuevos puestos de trabajo y una millonaria licitación destinada a la contratación de servicios de seguridad privada en el país.
El primer foco de atención del equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública se centró en el estado y los criterios de selección para la asignación de los más de seis mil cargos que fueron creados mediante el Decreto 020 del 15 de enero de 2026. Las autoridades buscan verificar que los perfiles, requisitos y manuales de funciones se estén cumpliendo bajo las estrictas exigencias de la ley y los principios de la administración pública.
Alertas por reducción de cobertura en las regiones
Sin embargo, el punto que mayor preocupación generó durante la mesa de trabajo con las directivas de la UNP fue un proceso contractual en curso que supera los 78 mil millones de pesos, cuyo objeto es la prestación del servicio de escoltas para personas protegidas. El ente de control encendió las alarmas al evidenciar que, a pesar de la alta suma de dinero invertida, el alcance geográfico del programa sufrió un recorte drástico. De las diez zonas de cobertura en las que tradicionalmente se dividía el plan de protección nacional, el nuevo proceso limitó su operación a solo dos zonas.
Esta reducción focaliza el millonario presupuesto únicamente en la ciudad de Bogotá y en algunas poblaciones específicas de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander, dejando por fuera del actual pliego contractual a la gran mayoría de los departamentos del país.
Ante este panorama, el Ministerio Público requirió de manera formal e inmediata a la dirección de la UNP para que entregue los argumentos técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos que sustentaron la decisión de excluir a las ocho zonas restantes del territorio nacional. De acuerdo con la Procuraduría, estas acciones preventivas tienen como única finalidad identificar riesgos tempranos, evitar el desamparo de líderes sociales o ciudadanos bajo amenaza en las regiones y garantizar que la contratación estatal se ejecute con total transparencia.