La Procuraduría pidió explicaciones a Colombia Compra Eficiente por un contrato de ciberseguridad de $300.000 millones tras detectar fallas de competencia.
BOGOTÁ — La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas preventivas sobre un mega proceso de contratación estatal destinado a la adquisición de herramientas de ciberseguridad para entidades públicas de todo el país. El presupuesto del proyecto supera los $300.000 millones y está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.
El Ministerio Público solicitó formalmente información detallada a la entidad tras identificar posibles inconsistencias en los pliegos y reglas de la licitación. La principal preocupación del ente de control radica en que los requisitos actuales podrían restringir la pluralidad de oferentes y favorecer de manera indebida a un grupo reducido de proveedores.
Los puntos críticos bajo la lupa del Ministerio Público
Entre las observaciones realizadas, la Procuraduría pidió aclarar de forma expedita los criterios con los que se seleccionarán las marcas de tecnología y la experiencia mínima exigida a los proponentes. Asimismo, detectó diferencias contradictorias entre los propios documentos que integran el expediente de la licitación.
Uno de los aspectos más sensibles para el órgano de control es la condición que exigiría a los participantes contar con autorizaciones previas otorgadas por determinados fabricantes. A juicio de la Procuraduría, este requisito convierte a los fabricantes en los verdaderos "filtros" del proceso, limitando la libre competencia.
"Las reglas de este tipo de procesos deben garantizar igualdad de condiciones para los participantes y evitar que la contratación termine concentrándose en uno o pocos proveedores", enfatizó el organismo de control.
Naturaleza de la intervención y llamados a mesas técnicas
Pese a la contundencia del llamado de atención, la Procuraduría aclaró que su actuación responde estrictamente a sus funciones de carácter preventivo. Por esta razón, el ente rector no ordenó la suspensión del proceso ni asumió competencias operativas que corresponden a Colombia Compra Eficiente.
Como ruta de acción para subsanar los riesgos antes de que la licitación llegue a sus fases definitivas, el Ministerio Público exhortó a la Agencia Nacional de Contratación a convocar de inmediato a mesas técnicas participativas. En dichos espacios se espera reunir a fabricantes, proveedores, integradores, expertos del sector y entidades del Estado para ajustar los pliegos.
Análisis de Acento: Blindar la ciberseguridad sin cerrar el mercado
Para la mesa de análisis de nuestro medio, la intervención preventiva de la Procuraduría sobre este contrato de $300.000 millones resulta vital en un momento en que el Estado colombiano es blanco recurrente de ataques informáticos. Proteger la infraestructura crítica del país exige tecnología de punta, pero esto no puede traducirse en pliegos "sastre" ni en monopolios disfrazados de requerimientos técnicos. Permitir que la participación de las empresas dependa del "visto bueno" arbitrario de un fabricante privado desvirtúa la contratación pública. Colombia Compra Eficiente tiene la oportunidad de acoger las mesas técnicas para asegurar que el dinero público compre la mejor protección al mejor precio, respetando la libre competencia.
ABC de la Noticia: Las claves de la advertencia
¿De cuánto es el presupuesto del contrato?: Supera los $300.000 millones.
¿Cuál es el objeto de la licitación?: Adquirir herramientas tecnológicas de ciberseguridad para entidades públicas de todo el país.
¿Qué entidad está a cargo?: La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.
¿Qué riesgos detectó la Procuraduría?: Inconsistencias en documentos, exigencias de experiencia rígidas y avales de fabricantes que limitan la competencia.
¿Está suspendida la licitación?: No. La intervención es de carácter preventivo y se sugirió abrir mesas técnicas con expertos e integradores antes de continuar.