La ONU pide al Congreso de Colombia límites al uso de la fuerza y garantías para la protesta en la ley estatutaria sobre la manifestación pacífica.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó siete recomendaciones al Congreso para la ley estatutaria sobre el derecho a la reunión y la manifestación pública pacífica, según informó Infobae Colombia. Las propuestas se expusieron el 23 de octubre en una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se analizan varios proyectos acumulados sobre la materia. El organismo pidió que la norma amplíe las garantías para protestar, limite el uso de la fuerza y establezca controles sobre las intervenciones policiales. La presentación se hace en medio de las tensiones políticas por el decreto del Gobierno nacional que regula la protesta.
Para la ONU, la protesta social es una vía legítima de participación democrática y un mecanismo para reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según el organismo, el Estado debe evitar interferencias injustificadas y adoptar medidas que faciliten las manifestaciones. Las interrupciones temporales de la movilidad y las molestias propias de una movilización no justifican, por sí solas, su restricción. La propuesta incluye una presunción favorable al ejercicio de este derecho y obliga a las autoridades a distinguir entre quienes protestan de forma pacífica y quienes cometen actos violentos. Una manifestación no pierde su protección por conductas aisladas de algunos participantes. Las restricciones deben ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y la protección de los derechos de terceros no puede convertirse en una razón general para limitar las movilizaciones.
Sobre el uso de la fuerza, la ONU señaló que debe ser excepcional y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. La dispersión solo podría aplicarse en circunstancias excepcionales y como último recurso. Según el organismo, el uso intencionalmente letal de armas de fuego solo puede hacerse para proteger una vida, y las armas de fuego no pueden utilizarse para dispersar manifestaciones o proteger bienes materiales. Para el control de movilizaciones existen armas menos letales, que la ONU regula en una guía publicada en 2020, y pidió que la ley fije límites claros para su uso. El diálogo, según la propuesta, debe ser permanente y no un trámite previo a una intervención policial. Además, la norma debería proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, incluir medidas para mujeres y comunidades étnicas, y prever garantías frente al uso indebido de datos personales y tecnologías de vigilancia. Las violaciones vinculadas con protestas deben investigarse de forma «pronta, exhaustiva, independiente e imparcial», con participación central de los organismos de control.
Foto: SC National Guard / Wikimedia Commons (Public domain).