La Alcaldía de Manaure rechaza que exista orden de captura contra su alcalde por el atentado a una psicóloga embarazada en Uribia ocurrido en marzo.
La Alcaldía de Manaure emitió un comunicado públicamente negando la existencia de una orden de captura en contra de su alcalde, generando interrogantes sobre la credibilidad de denuncias que circulan en redes sociales y medios locales de La Guajira.
El caso que desencadenó la polémica se remonta al 22 de marzo, cuando una psicóloga fue baleada mientras se encontraba en la terraza de su vivienda en Uribia, municipio vecino. El incidente dejó a la mujer embarazada con heridas de consideración y encendió las alarmas sobre la violencia que azota esta región del norte colombiano.
Conflicto de versiones en La Guajira
Según reportes que circularon en las últimas horas, se afirmaba que existía una presunta orden de detención en contra de la autoridad local de Manaure por su supuesta implicación en el atentado. Sin embargo, la administración municipal salió al paso con un comunicado categórico calificando estas versiones como "totalmente falsas".
La negación oficial plantea un dilema: o bien la información que circulaba en redes era desinformación, o existe una disputa sobre la legitimidad de los trámites judicales. En contextos de conflictividad como el de La Guajira, donde operan estructuras criminales y disputas por control territorial, las acusaciones cruzadas entre autoridades son frecuentes.
"Estas afirmaciones carecen de fundamento y responden a una campaña de descrédito", afirmó la administración municipal en su comunicado oficial.
La espiral de violencia en el departamento
El contexto es crítico. La Guajira ha estado en el ojo del huracán durante meses por múltiples crisis: emergencia humanitaria, presencia de disidencias de las FARC, conflictos por control de rutas de droga y debilitamiento de la institucionalidad local. En este escenario, cualquier acusación contra un alcalde puede ser arma política.
- Violencia contra civiles: los casos de agresión a profesionales de la salud reflejan la degradación de la seguridad en zonas periféricas
- Vacíos de autoridad: autoridades municipales enfrentan constantemente acusaciones cruzadas sin claridad judicial
- Desinformación sistemática: en redes circulan versiones sin verificación que complican el esclarecimiento de hechos
El tiroteo contra la psicóloga, independientemente de quién esté involucrado, ilustra una realidad brutal: en La Guajira, incluso profesionales que atienden emergencias sociales están en la mira. Este patrón de violencia selectiva sugiere conflictos más profundos que una simple disputa local.
Qué falta por esclarecer
Lo que queda en el aire es si la Fiscalía o juzgados de la región han abierto investigación formal sobre el atentado de marzo. Sin transparencia institucional sobre el estado del caso, difícilmente se podrá determinar si hay base para cualquier orden de captura. La credibilidad de las autoridades locales en La Guajira está bajo escrutinio constante, y comunicados de prensa no son equivalentes a pruebas judiciales.
Mientras la administración de Manaure niega, la víctima del tiroteo sigue esperando respuestas sobre quién intentó acabar con su vida. En un departamento donde la justicia avanza lentamente, este tipo de vacíos solo alimentan más desconfianza.