La Cámara aprobó la Ley de Sometimiento. El presidente De la Espriella celebró el fin de la paz total y el Pacto Histórico anunció demanda ante la Corte.
La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento en plenaria, según reseña Infobae Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Congreso. En su mensaje escribió "¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!" y afirmó que "La falsa paz total llegó a su fin".
El representante Daniel Felipe Briceño Montes, de Bogotá y coordinador ponente del proyecto en esa corporación, destacó el fin de las mesas de negociación, la eliminación de los gestores de paz y la imposibilidad de suspender órdenes de captura y extradiciones. Según él, la ley no contempla beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento de niños. Luis Miguel López Aristizábal, representante por Antioquia, sostuvo que los integrantes de organizaciones criminales deben someterse a la justicia y no recibir beneficios políticos.
Simón Molina Gómez, representante por Antioquia y primer vicepresidente de la Cámara, señaló que la iniciativa contempla verificación individual de los integrantes de las organizaciones, la ausencia de reconocimiento de estatus político y beneficios condicionados, con control judicial y posibilidad de revocarlos. Según explicó, también exige desarme, entrega de bienes e información sobre menores reclutados, secuestrados, desaparecidos y minas. Hilda Gutiérrez, representante por Cundinamarca, afirmó que la ley permitirá terminar con la impunidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel "Gabo" Becerra Yáñez, de Bogotá, anunció que su bancada participará en una demanda ante la Corte Constitucional cuando el proyecto se convierta en ley. Según él, durante la plenaria el informe de ponencia se sometió a votación sin que los ponentes lo presentaran y sin abrir la discusión, y la presidencia interrumpió varias veces a quienes buscaban exponer reparos. Becerra también cuestionó que los testaferros y personas que habrían lavado recursos del narcotráfico puedan aspirar a la suspensión de la pena después de tres años.
Foto: Presidencia.