Rodrigo Lara radicó en el Congreso la reforma de transparencia y probidad legislativa, o Ley Antimermelada, con registros públicos de intereses y financiadores.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó este jueves en el Congreso el proyecto de acto legislativo del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sobre transparencia y probidad legislativa, conocido como Ley Antimermelada. La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y propone modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política. Según el ministro, busca que los ciudadanos puedan consultar los intereses declarados por los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que postulan para sus regiones.
Para ello, el proyecto plantea registros públicos de intereses, de financiadores de campañas y de proyectos de inversión postulados por congresistas. Los congresistas podrán postular proyectos de inversión pública en beneficio de departamentos, municipios y sus habitantes, sin que esa gestión constituya por sí misma una incompatibilidad o un conflicto de intereses. Deberán inscribir las iniciativas en el registro público y abstenerse de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados. Ni el congresista ni los financiadores de su campaña podrán obtener un beneficio particular y determinado de los proyectos o contratos postulados.
Los proyectos podrán ser incluidos por el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación o financiarse durante la vigencia fiscal con recursos de inversión del presupuesto y de los fondos especiales del orden nacional, conforme a la ley orgánica. Según Lara, el conflicto de intereses se configura cuando existe un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge o compañero permanente, determinados familiares o sus socios. La financiación de campaña legalmente registrada y los intereses comunes de un sector económico, social o regional no constituyen por sí solos un conflicto de intereses. Ocultar información en la declaración pública de intereses tendrá consecuencias, pues el proyecto incorpora esta causal en la pérdida de investidura. Además, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo, el Congreso deberá expedir una ley orgánica que reglamente los registros y las demás disposiciones necesarias.
Foto: Compota de mora / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).