Seis votos contra dos. El Decreto 1390 vulneró principios democráticos y separación de poderes. Petro perdió 11 billones en recaudos potenciales.
Seis votos contra dos. El Decreto 1390 vulneró principios democráticos y separación de poderes. Petro perdió 11 billones en recaudos potenciales.
9 de abril de 2026 | La lectura de Acento
¿Qué pasó? La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el gobierno Petro estableció una emergencia económica el 29 de diciembre de 2025. La votación fue 6-2. Solo Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ambos cercanos al Ejecutivo, votaron en contra.
La decisión fue anunciada el 9 de abril, tras ser suspendida provisionalmente desde el 29 de enero cuando seis magistrados —Carlos Camargo (ponente), Paola Meneses, Lina Escobar, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo y Natalia Ángel— frenaron sus efectos. Esa unanimidad se mantuvo.
¿Por qué importa? El decreto había facultado al Ejecutivo para recaudar aproximadamente 11 billones de pesos en 2026 a través de medidas tributarias que no pasaron por el Congreso. Esas medidas incluían: aumento del IVA a licores (de 5% a 19%), impuesto al patrimonio (0,5% a 5% para patrimonios superiores a 2.094 millones), IVA del 19% a bienes de lujo (yates, motocicletas) e impuesto a apuestas en línea.
Con la anulación, se cierran dos vías recaudatorias para el Gobierno: perdió lo que alcanzó a recolectar entre el 29 de diciembre y el 29 de enero (aproximadamente 1,65 billones según la Corte), y pierde los 11 billones esperados para el resto del año.
¿Cuál fue el argumento principal? El magistrado Camargo, en una ponencia de 86 páginas, argumentó que el Decreto 1390 no cumplía con los requisitos constitucionales para un estado de excepción: imprevisibilidad y excepcionalidad.
La Corte encontró que la principal razón del decreto fue el hundimiento de dos leyes de financiamiento en el Congreso (2025 y 2026). Eso no es un hecho sobreviniente o extraordinario, sino un desacuerdo político. Palabras de la sentencia: "No existe evidencia alguna que permita calificar como sobreviniente o extraordinaria la no aprobación (archivo) por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de leyes de financiamiento".
La Corte también notó que el decreto fue expedido durante la vacancia judicial (entre años), lo que pudo haber sido intencional para eludir el control constitucional.
¿Qué cambia? El Ejecutivo pierde una herramienta extraordinaria para financiar déficit fiscal. Los Decretos Legislativos 1474 (2025) y 044 (2026), que operaban bajo la emergencia, continuarán sin efectos jurídicos hasta que la Corte tome una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Esto deja en el aire el destino de las medidas tributarias específicas.
Aún queda pendiente si el Gobierno debe devolver los 1,65 billones recaudados mientras el decreto estuvo vigente. La Corte calificó eso como "recaudo inconstitucional".
¿Qué debe entender el lector? El gobierno Petro llegó al tope constitucional de su capacidad para improvisar financiamiento fiscal. La Corte Constitucional, bajo liderazgo de magistrados con amplios márgenes de interpretación sobre estados de excepción, cerró esa puerta. Los disidentes fueron los dos magistrados más cercanos a Petro, lo que subraya cómo la decisión siguió líneas institucionales claras, no ideológicas oscuras.
El análisis de la Corte es preciso en un punto: usar una emergencia económica para resolver un desacuerdo legislativo es convertir un mecanismo extraordinario en un instrumento ordinario de gestión presupuestal. Eso quebranta el principio de pesos y contrapesos.
La lectura de Acento: La Corte no tumbó la emergencia porque el Gobierno tuviera objetivos fiscales legítimos (la crisis del sistema de salud es real). La tumbó porque el método —saltarse el Congreso mediante un estado de excepción basado en un desacuerdo político, no en hechos excepcionales— viola la estructura democrática. Eso sienta un precedente para cualquier futuro Ejecutivo.
acentocolombia.com