La Comisión de Disciplina Judicial ordenó inspeccionar al juez de garantías de Medellín que compulsó copias contra De la Espriella por su careo con el cabecilla
Se le devolvió. El juez que pretendió poner al presidente Abelardo de la Espriella en el banquillo por encarar a alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las FARC en Antioquia, es ahora el investigado. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una inspección disciplinaria contra el Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín para establecer si su titular se extralimitó en sus funciones.

El juez que miró al lado equivocado
En la audiencia de legalización de captura del domingo 15 de noviembre, que se extendió por cerca de cuatro horas, el juez avaló la captura, la imputación de la Fiscalía y la cárcel para Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, por fabricación, tráfico y porte de armas. Pero en lugar de quedarse ahí, decidió compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que examinara al Presidente por la «exhibición pública» de los capturados, y a la Procuraduría para que revisara a los funcionarios que organizaron el operativo.
Es decir: mientras el país celebraba la caída de uno de los cabecillas más violentos de Antioquia, a quien el Presidente responsabilizó por la muerte de miembros de la Fuerza Pública, un juez de garantías puso el foco en el tono del jefe de Estado frente al bandido.

Ahora le toca a él
La Comisión Nacional encargó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adelantar las averiguaciones, por competencia territorial. Deberá determinar si las afirmaciones del juez sobre la exhibición de los capturados y sobre el papel del Presidente en el operativo excedieron los límites de lo que puede decidir un juez de control de garantías. Ante la Comisión también se radicó una queja disciplinaria contra el funcionario.
Fuentes de la Rama Judicial sostienen que la compulsa solo buscaba poner hechos en conocimiento de las autoridades, sin atribuir responsabilidad a nadie. La inspección tampoco prejuzga: el juez tiene derecho a defenderse. Pero la pregunta que se hace el país es sencilla: ¿desde cuándo llamar bandido a un bandido es un asunto para la Comisión de Acusación?
Como resumió el representante Daniel Briceño, el problema no es «llamar bandido al bandido». El problema es un sistema en el que, mientras la Fuerza Pública pone el pecho, hay jueces más preocupados por el tono del Presidente que por los crímenes del capturado.
