Diez años después del acuerdo, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc. Si reconocen, no irán a la cárcel.
Diez años después de la firma del acuerdo de paz y ocho después de que empezara a funcionar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por fin crímenes de guerra y de lesa humanidad a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, último comandante de las Farc, y a Pastor Alape, miembro de su antiguo secretariado. Con ellos fueron imputados otros nueve excomandantes de los bloques Caribe y Magdalena Medio, por hechos que golpearon durante décadas a la población del norte del país.
La decisión, dentro del Caso 10, la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad con base en el trabajo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre. Según la JEP, se analizaron 733 víctimas acreditadas, 72 informes de víctimas y organizaciones, 1.859 denuncias de la Fiscalía y 24 versiones de exintegrantes de la guerrilla.
El ‘burro bomba’ de Chalán
Entre los hechos imputados está la toma de Chalán, Sucre, en 1996. El Frente 35 hizo estallar un burro cargado con unos 50 kilos de explosivos que destruyó el centro del pueblo y mató a 11 policías. Según la JEP, cuatro agentes que se habían rendido en el cementerio, sin munición, fueron fusilados. Más de la mitad de los habitantes huyó y Chalán quedó como «el pueblo candado».
El atentado contra la caravana de Uribe
La JEP también imputó el ataque de 2002 en Barranquilla contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. El Bloque Caribe hizo estallar un carro de helados cargado con cilindros de gas. Uribe salió ileso, pero murieron cinco civiles, cuatro de ellos adultos mayores, y una niña de tres años perdió una pierna.
La lista incluye la masacre de La Duquesa, en Tibú (2004), donde fueron asesinados 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes; el carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá (2010); el ataque a la estación de Policía de San Calixto (2011), donde murió una familia con una recién nacida, y el uso de la violencia sexual como castigo y forma de control. Hay además 54 personas desaparecidas cuyo paradero se desconoce.
Los imputados
- Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.
- Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’.
- Del Bloque Magdalena Medio: Erasmo Traslaviña (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo (‘Alberto Cancharina’) y Jairo Reinaldo Cala (‘Jairo Quintero’).
- Del Bloque Caribe: Abelardo Caicedo (‘Solís Almeida’), Osmany Landero (‘Hernando González’), Gilberto de Jesús Giraldo (‘Aldemar Altamiranda’), Luis Alejandro Cuadras (‘Leonardo Muñoz’), Uriel Antonio Oviedo (‘Manuel Ortiz’) y Héctor Enrique Hernández (‘Fabio Borges’).
Sin cárcel si reconocen
Los once tienen hasta el 8 de diciembre para aceptar o rechazar los hechos por escrito, y deben dar información sobre los 54 desaparecidos. Si reconocen su responsabilidad, la JEP hará una audiencia pública y las sanciones serán «restaurativas»: sin cárcel, con restricciones de libertad. Solo si los niegan, el caso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
La propia JEP reconoce que en el Caribe y el Magdalena Medio el desplazamiento y la desaparición forzada tuvieron un 100 % de impunidad en la justicia ordinaria. Una década después del acuerdo, las víctimas de Chalán, de Barranquilla y de La Duquesa todavía esperan que quienes dieron las órdenes respondan, y la respuesta que ofrece el tribunal de paz para los peores crímenes del conflicto sigue sin incluir un solo día de cárcel.
Foto principal: Departamento de Estado de EE. UU. / Wikimedia Commons (dominio público). Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.