La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y ocho exintegrantes del CCC de las Farc por 468 hechos en Tolima, Huila y Quindío.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas Farc-EP, entre ellos Pablo Catatumbo Torres Victoria, por hechos que afectaron a la población civil y a miembros de la fuerza pública en Tolima, Huila y Quindío. La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad se conoció este 29 de octubre. Los otros imputados son Luis Eduardo Rayo (‘Marlon’), Henoc Capera Trujillo (‘Giovanni’), Jhon Jairo Oliveros Grisales (‘Armando Pipas’), Gustavo Bocanegra Ortegón (‘Donald’), Nelson Antonio Jiménez Gantiva (‘Gonzalo’), Wilson Ramírez Guzmán (‘Teófilo González’), Víctor Hugo Silva Soto (‘Erick’ o ‘El Chivo’) y Raúl Agudelo Medina (‘Olivo Saldaña’).
Ocho de los imputados fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional, su mando y su poder para disciplinar a la tropa. El noveno fue señalado por una participación determinante: sin su actuación, algunos hechos no habrían ocurrido. Solo cuatro de ellos habían estado en la cárcel. Deberán responder por homicidio, desplazamiento forzado, tortura, ataques contra la población civil, no dar cuartel y uso de minas antipersonal, entre otros crímenes de guerra. También por asesinato, traslado forzoso, desaparición forzada, tortura y persecución como crímenes de lesa humanidad, que no pueden recibir perdón judicial.
La Sala, con ponencia de la magistrada Marcela Giraldo, documentó 468 hechos bajo dos patrones: control social y territorial sobre la población (70%) y conducción de hostilidades (30%). Entre 1991 y 2016, el CCC realizó 94 incursiones armadas y fue la estructura de las Farc-EP con más tomas guerrilleras y asaltos a estaciones de Policía. Entre los casos figura la toma de Roncesvalles (Tolima), el 14 de julio de 2000, con cilindros bomba, más de 30 edificaciones destruidas y casi 800 desplazados; trece policías se rindieron tras la promesa de que se respetarían sus vidas, pero fueron asesinados. En Puerto Saldaña (Rioblanco), entre abril y mayo de 2000, hubo más de 3.600 desplazados, al menos 27 civiles asesinados y cerca de 200 viviendas destruidas. También se documentó el asesinato de la personera de Roncesvalles, Ángela Yesenia Briñez Ballesteros, de 23 años, tras amenazas por sus denuncias.
La imputación se apoyó en cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, 54 informes de víctimas y sociedad civil, versiones de 22 comparecientes y los relatos de 60 víctimas. Las comunidades campesinas representan el 54% de las víctimas acreditadas por estos hechos, que suman casi 1.000. Los comparecientes, las víctimas y el Ministerio Público tendrán un plazo para presentar escritos. Si los imputados reconocen responsabilidad y aportan verdad, habrá audiencia pública y podrán recibir sanciones propias, sin cárcel pero con restricciones de derechos y libertad. Quien niegue los cargos pasará a la Unidad de Investigación y Acusación y, si es hallado responsable en juicio, podría recibir hasta 20 años de prisión.
Foto: Karsami12 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).