Mediante el Decreto 0626 de 2026, el Ejecutivo puso en marcha el cierre definitivo de la cartera tras su hundimiento legislativo. La supresión total de la plant
BOGOTÁ — El fin de la entidad bandera del gobierno de Gustavo Petro es una realidad jurídica. A través del Decreto 0626 de 2026, el Gobierno Nacional ordenó formalmente el inicio del proceso de liquidación financiera y administrativa del fallido Ministerio de la Igualdad y Equidad. La decisión se da en medio de un clima de profunda tensión sindical y protestas a las afueras de la sede institucional en Bogotá.
El cierre de esta cartera es el desenlace de la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, la cual tumbó la ley de su creación por la falta de un aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Aunque el alto tribunal otorgó un plazo de dos legislaturas para subsanar los vacíos, el proyecto de ley del Ejecutivo se hundió en las Comisiones Primeras del Congreso por falta de quórum, perdiendo todo el respaldo político durante la reciente campaña presidencial.
Un año para el desmonte total del Ministerio
De acuerdo con las directrices del nuevo decreto, la entidad entra inmediatamente en un estado jurídico de "en liquidación", fijando un plazo estricto de un año para su desaparición definitiva.
Las claves del plan de desmonte administrativo:
Agente Liquidador: El presidente nombrará a un funcionario encargado de subrogar los derechos, bienes, obligaciones y archivos de la cartera.
Venta de activos: Los bienes inmuebles del ministerio entrarán en un proceso de enajenación y subasta para otras entidades públicas interesadas.
Traslado de funciones: Las tareas del ministerio se redistribuirán. El Fondo "No es Hora de Callar", enfocado en la protección de mujeres periodistas, será asumido por el Ministerio del Interior.
Estallido laboral: más de 600 trabajadores en el limbo
El anuncio del decreto coincidió con una jornada de caos laboral. Este lunes, más de 600 servidores públicos y contratistas se encontraron con la prohibición de ingreso a las instalaciones de la entidad, lo que desató protestas de gran magnitud en el centro de la capital.
El sindicato de la entidad, Sintraigualdad, arremetió contra la directriz del Ejecutivo al advertir que el decreto ordena la supresión total de la planta de personal y el inicio de la terminación masiva de contratos.
“Los derechos laborales se defienden. Exigimos que se cumpla el debido proceso. No somos simples puestos de trabajo, somos personas”, manifestaron los voceros sindicales.
Aunque el documento oficial contempla "medidas de protección" y retén social para el personal que goza de estabilidad laboral reforzada (madres cabeza de hogar o prepensionados), la incertidumbre sobre las indemnizaciones y el futuro de las bases trabajadoras mantiene en alerta a las organizaciones sindicales.