El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la iniciativa contempla procedimientos garantistas para la inclusión y exclusión de organizaciones armadas
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, afina los últimos detalles para la presentación oficial del nuevo Estatuto Antiterrorista durante esta semana. La iniciativa legislativa, impulsada por la administración del presidente Abelardo De La Espriella, cuenta ya con un articulado superior a los 130 puntos diseñados para fortalecer el marco legal y operativo del Estado frente a las estructuras criminales y terroristas que amenazan la seguridad nacional.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio a conocer los pilares normativos de este proyecto, destacando que el Estatuto busca dotar a las autoridades judiciales y de la Fuerza Pública de herramientas de precisión para perseguir, neutralizar y desarticular a los grupos armados al margen de la ley.
Procedimientos de inclusión y criterios de exclusión
Uno de los aspectos centrales del proyecto radica en el establecimiento de un protocolo formal para la catalogación de las estructuras armadas dentro de la lista oficial de organizaciones terroristas del Estado colombiano.
Al respecto, el ministro Lara enfatizó que la norma mantendrá un equilibrio entre la firmeza institucional y el debido proceso. "Hay un procedimiento garantista para incluir a esas organizaciones y también para excluirlas. Podrán ser excluidas, por ejemplo, cuando se sometan a la ley de sometimiento", señaló el jefe de la cartera política.
De esta manera, la administración central fija una postura tajante: las estructuras que persistan en el uso de la violencia y el terrorismo sufrirán todo el peso de la ley bajo este nuevo marco sancionatorio, mientras que aquellas que opten por el desmantelamiento incondicional y la entrega a la justicia contarán con una ruta clara de salida de la lista.
Refuerzo a la seguridad y al orden constitucional
La radicación de esta iniciativa se suma al paquete de reformas del Gobierno De La Espriella orientadas a consolidar el orden público, defender la soberanía del Estado y garantizar la tranquilidad ciudadana en los territorios. Se prevé que la propuesta comience su trámite legislativo en el Congreso de la República en los próximos días, abriendo el debate sobre el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, juzgamiento y control penitenciario frente al crimen organizado.