Una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO sacó a la luz una maratónica cadena de nombramientos de notarios en interinidad y la estructuración a
La recta final de la transición presidencial en Colombia sumó un nuevo y espinoso frente de fricción institucional. Una serie de decretos de última hora y la estructuración a puerta cerrada de un jugoso contrato de tecnología en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) encendieron las alarmas en las mesas técnicas del gobierno entrante. Los documentos oficiales revelan una masiva ola de designaciones notariales que ubican a fichas y familiares de altos funcionarios del petrismo en despachos clave de todo el país, al tiempo que se cocina una licitación exprés que elude los sistemas de control público.
Los decretos, que llevan las firmas frescas del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, configuran un copamiento burocrático de despachos notariales en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pasto y Cúcuta. A esto se le suma una maniobra aún más audaz en la capital de la República: la creación, mediante decreto del pasado 5 de junio, de una nueva oficina de primera categoría: la Notaría 82, ubicada estratégicamente en el sector comercial de San Victorino.
El "carrusel" de interinidades: Fichas y familiares beneficiados
Bajo la figura de la interinidad o provisionalidad, el Ministerio de Justicia aceleró los nombramientos de perfiles con un marcado vínculo político con la administración saliente. Entre los casos más notorios desenterrados por la auditoría periodística destacan:
Sandra Lucía Hincapié Galindo: Designada en un despacho notarial; es hija de Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos y cuadro orgánico del petrismo.
Yeny Paola Garzón Reyes: Nombrada como Notaria 37 de Bogotá el 8 de mayo. Fuentes internas la identifican como una ficha sumamente cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Erika Andrea Macías Cárdenas: Movida en interinidad a la codiciada Notaría 38 de Bogotá (carrera 7.ª con calle 33) el sábado 30 de mayo, apenas un día antes de la primera vuelta presidencial.
Vínculos de alto nivel: Se ratifican los polémicos posicionamientos previos de Adriana María Mejía Aguado (cercana a la primera dama Verónica Alcocer) y del exsupersociedades, Billy Escobar.
Movimientos regionales: Demieman Davet Patiño Sánchez (exdirector territorial del Ministerio de Trabajo en Norte de Santander) fue ubicado en la Notaría Cuarta de Cúcuta; mientras que a Eduar Yobany Castro Baquero se le entregó la Notaría Primera de Cartagena.
El millonario contrato en la sombra: $19.439 millones fuera del Secop
A la par del reparto de notarías, el área de tecnología de la Supernotariado avanza en la trastienda con una contratación por $19.439 millones de pesos destinada a la renovación de infraestructura, consultoría de data centers y gobierno de datos. La anomalía crítica radica en que el proceso aún no ha sido subido formalmente a la plataforma Secop II, impidiendo la veeduría ciudadana.
Según fuentes técnicas, la entidad unificó en un solo bloque contractual mercados especializados que históricamente se contratan por separado (ciberseguridad, consumibles de impresión y bodegaje de datos). Para amarrar el proceso, el pasado 23 de junio de 2026 se publicó de forma exprés la Solicitud de Información a Proveedores (SIP No. 050 de 2026), la cual cerró en apenas tres días y fue direccionada exclusivamente a cuatro empresas seleccionadas: MegaTic S.A.S., Infotic S.A., Corporación Colombia Digital y Red Summa. Esta última firma fue catalogada en 2025 por la propia Secretaría de Transparencia como parte de una opaca red de "contrataderos" públicos.
La defensa de la entidad
Ante los hallazgos, el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, defendió la legalidad de las actuaciones. Sostuvo que los nombramientos en provisionalidad se amparan en la Ley 588 de 2000 ante la ausencia de una lista de elegibles vigente, justificándolos como necesarios para la continuidad del servicio. Respecto al contrato tecnológico, argumentó que no figura en el Secop II porque es un "estudio de mercado indicativo" y de "atención prioritaria" para mitigar las graves intermitencias de conectividad que ha sufrido el servicio registral en las últimas semanas.
Iván Cancino asume el expediente en la mesa de empalme
Para el comité de análisis de Acento, este panorama de contrataciones de última hora y nombramientos políticos directos es el primer gran reto de control de gestión para el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. La SNR maneja el registro de la propiedad inmueble del país, un activo estratégico de seguridad jurídica que la nueva administración planea blindar contra la politización.
Fuentes de alto nivel confirmaron que el expediente completo de las notarías y el contrato de los $19.439 millones ya fue radicado formalmente ante el equipo de empalme del Sector Justicia, liderado por el reconocido jurista Iván Cancino, junto a sus coordinadores sectoriales Margarita Araujo y Hernando Herrera.
Cancino y su equipo técnico han dado instrucciones de trazar una línea roja sobre este proceso. Se anticipa que la primera directriz de la administración entrante al asumir las funciones el próximo 7 de agosto será congelar de inmediato cualquier adjudicación amarrada a la SIP 050 de 2026, ordenar una auditoría exhaustiva por parte de la Superintendencia delegada y revisar con lupa el cumplimiento de los requisitos legales de los notarios nombrados en la maratónica jornada de decretos de salida del petrismo.
ABC de la Noticia: Las claves del expediente SNR
¿Cuál es la denuncia burocrática?: El Ministerio de Justicia firmó una cadena de decretos para ubicar a fichas del petrismo y familiares de funcionarios en notarías clave, además de crear la nueva Notaría 82 de Bogotá.
¿Qué pasa con el contrato tecnológico?: Se tramita un contrato unificado por más de $19.430 millones orientado a infraestructura IT que se mantiene oculto del Secop II y que invitó a firmas señaladas como "contrataderos".
¿Qué hará el nuevo Gobierno?: El líder de empalme de Justicia, Iván Cancino, ya tiene el reporte técnico para auditar y frenar los procesos contractuales y los nombramientos express que no cumplan con el rigor normativo.