Honorio Henríquez respalda el Estatuto Antiterrorista de De la Espriella tras el aval del Consejo de Política Criminal, con 11 votos a favor.
El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, ratificó el sábado 17 de octubre de 2026 su respaldo al Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo De La Espriella, un día después de que el Consejo Nacional de Política Criminal diera su aval al proyecto de ley estatutaria. Según informó Infobae Colombia, Henríquez señaló que la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para desmantelar estructuras criminales y prometió garantizar un debate respetuoso y democrático. Lo definió como una «iniciativa urgente e inaplazable» y dijo que el Congreso garantizará «un trámite oportuno y con plenas garantías».
La aprobación en el Consejo no fue unánime: el proyecto obtuvo 11 votos favorables y 3 posiciones contrarias en la mesa técnica. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura del alto comisionado contra el Terrorismo, que no existe en el ordenamiento jurídico nacional. La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín, expresó reservas sobre la inclusión del reclutamiento forzado en las disposiciones penales, y el Pacto Histórico, partido de oposición a De la Espriella, rechazó la iniciativa por asuntos vinculados a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El texto pasará primero por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y después el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lo radicará formalmente en el Congreso. Deberá superar cuatro debates y el control de constitucionalidad. Como ley estatutaria, requiere mayoría absoluta en el Senado y la Cámara, y debe tramitarse en una sola legislatura. Entre las medidas, figura un esquema de beneficios judiciales para procesados que aporten información efectiva para desarticular grupos incluidos en el registro oficial, con rebajas de pena de hasta 60%.
El registro nacional de organizaciones y actores terroristas permitiría aplicar medidas financieras y administrativas, como el congelamiento inmediato de activos, la inhabilitación para contratar con entidades estatales y el bloqueo de transacciones de los miembros reportados. El alto comisionado estaría adscrito al Dapre de la Presidencia. El proyecto también propone aumentar en una tercera parte las penas por el uso de drones armados, la extorsión, los delitos informáticos, el secuestro y las asonadas cuando se pruebe su relación con estructuras criminales, y crear pabellones de alta seguridad para cabecillas, con visitas estrictamente restringidas.
Al defender el proyecto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó: «No es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto». Según el ministro, la norma busca actuar contra quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica.
Foto: @honohenriquez/X 17 Oct, 2026 02:41 p vía Infobae.