El máximo tribunal contencioso administrativo del país anuló este jueves el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, mediant
El máximo tribunal contencioso administrativo del país anuló este jueves el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, mediante un fallo que declaró nulo el decreto presidencial expedido en febrero de 2024. La decisión, adoptada tras una demanda de nulidad estudiada por la Sección V del Consejo de Estado, cierra un proceso judicial que se extendió por más de dos años y que mantuvo en entredicho la legitimidad de quien encabezaba la entidad encargada de proteger la competencia y los derechos del consumidor en Colombia.
El fondo del fallo
Los argumentos que sustentaron la demanda eran de naturaleza técnica y procedimental. El tribunal analizó si Rusinque cumplía con los requisitos de formación y experiencia exigidos para el cargo —particularmente en áreas de derecho comercial, libre competencia y protección al consumidor, recomendadas por la OCDE— y si el proceso de convocatoria pública garantizó condiciones de transparencia y competencia real. En el trámite, el propio Consejo de Estado solicitó pruebas adicionales para verificar la validez de títulos académicos presentados por la funcionaria. La complejidad del expediente anticipaba un fallo de fondo, no de forma.
La Superintendencia de Industria y Comercio no es una entidad decorativa.
Regula la competencia en mercados que mueven billones de pesos, tramita las fusiones y adquisiciones de empresas, investiga prácticas monopolísticas y es el árbitro de última instancia en disputas entre consumidores y empresas. Que su titular llegue al cargo por un proceso cuestionado no es un problema administrativo: es un problema de institucionalidad.
El fallo del Consejo de Estado no evalúa la gestión de Rusinque. Evalúa si el Gobierno siguió las reglas. Y su veredicto es que no las siguió.
Este es el enésimo revés judicial que enfrenta la administración Petro en nombramientos de alto nivel. El patrón es claro: un ejecutivo que percibe los requisitos técnicos como obstáculos negociables, y un sistema judicial que insiste en que no lo son. Para el sector empresarial, que depende de la SIC para operar en un entorno de competencia justa, la pregunta que sigue es qué perfil nombrará ahora el Gobierno —y si esta vez respetará el proceso.
Eso es lo que tu lector necesita leer. Duro en los hechos. Devastador en el análisis. Sin una sola palabra que le dé al Gobierno el argumento de que Acento es oposición militante.