A menos de 40 días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, los personeros de Barranquilla y Santa Marta denunciaron que el Gobierno nacional se ha
La crisis de las tarifas de energía en la costa norte de Colombia entra en su fase más crítica en medio de una abierta batalla legal y administrativa. Los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, denunciaron formalmente que la administración saliente del presidente Gustavo Petro está incurriendo en un "flagrante desacato" judicial al negarse de forma sistemática a eliminar la sobretasa de comercialización que golpea el bolsillo de los habitantes del Caribe.
La controversia escala a niveles institucionales debido a que el desmonte del régimen transitorio especial ya cuenta con el blindaje del Consejo de Estado, que dejó en firme una Acción Popular liderada originalmente por el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo (Tribunal Administrativo del Atlántico). Pese a la claridad del mandato judicial, el Ministerio de Minas y Energía ha congelado el paso administrativo final, prorrogando el cobro especial en contravía de los fallos.
La advertencia oculta de la Creg: Alerta de desacato desde 2025
El componente más grave de la denuncia radica en que el propio regulador técnico del mercado ya había advertido al Ejecutivo sobre las consecuencias jurídicas de su renuencia. De acuerdo con los documentos revelados por el Ministerio Público, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) envió una carta reservada el 28 de noviembre de 2025 al presidente Petro y a su ministro de Minas, Edwin Palma, advirtiéndoles explícitamente que la prórroga decretada por el ministerio configuraba una violación a los derechos colectivos.
La Creg superó todos los trámites técnicos y jurídicos para expedir la nueva metodología de comercialización desde el cierre del año pasado. Sin embargo, el Gobierno nacional ha evitado llevar el documento a la sesión definitiva de la junta de la Comisión. "La Creg les dijo al Presidente y al Ministro de Minas que estaban frenando, metiéndole palos en la rueda, al proceso de reducción de las tarifas de energía que ordenó el Tribunal", sentenciaron los personeros Alzate y Orozco.
El reto regulatorio para José Miguel Saab y el equipo de empalme
Para el comité de análisis de Acento, este congelamiento intencional de la resolución de la Creg traslada un pesado "chicharrón" regulatorio e institucional a las oficinas de la administración entrante de Abelardo De La Espriella. La costa Caribe, que ha convertido el valor del kilovatio en una de sus principales banderas de protesta social y competitividad industrial, exigirá soluciones inmediatas a partir del 7 de agosto.
El expediente se ubica en el primer renglón de las prioridades del equipo de empalme del Sector Minero-Energético, liderado por José Miguel Saab, junto a sus coordinadores técnicos Claudia Calero, Luis Miguel Fernández y Juan Camilo Valencia.
La nueva administración tendrá la oportunidad de capitalizar políticamente el destrabe de esta resolución. Fuentes cercanas al equipo técnico de Saab sugieren que una de las primeras acciones del nuevo Gobierno será convocar una sesión extraordinaria express de la Creg para firmar la metodología represada, acatar los fallos de las altas cortes y materializar el alivio tarifario que la administración Petro prefirió postergar.
ABC de la Noticia: Las claves de la crisis energética
¿Qué ordenó la justicia?: El Consejo de Estado ratificó que el régimen tarifario especial aplicado al Caribe es violatorio de los derechos colectivos y ordenó eliminar la sobretasa de comercialización.
¿Quién frena la medida?: Los personeros denuncian al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas, Edwin Palma, de congelar el trámite de una resolución que la Creg tiene lista desde 2025.
¿A quiénes afecta el cobro?: A más de tres millones de usuarios de los departamentos de la Costa que son atendidos por las empresas distribuidoras Air-e y Afinia.