Duvalier Sánchez y Julián Triana denunciarán a la directora del Icbf, Carolina Restrepo, por inconsistencias en su experiencia laboral certificada.
El senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, ambos del partido Alianza Verde, presentarán una queja ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Según Infobae Colombia, la denuncia se basa en presuntas inconsistencias en los documentos que acreditaron la experiencia laboral de la funcionaria. Los dos políticos difundieron un video en el que cuestionan una certificación laboral que Restrepo presentó para acceder al cargo.
De acuerdo con lo expuesto en el video, el documento indica que la directora trabajó desde 2002 en la firma Restrepo Cañavera SAS, sociedad vinculada a sus apellidos. Sánchez sostuvo que el certificado fue expedido por Erika Jiménez, a quien identificó como auxiliar administrativa de la firma, y afirmó: «Se certificó a sí misma en su propia firma de abogados». El senador cuestionó además que el soporte no hubiera sido reemplazado por una declaración extrajuicio, como exige la ley en estos casos.
Triana añadió que la escritura pública de constitución de la sociedad indicaría que la empresa fue creada después del inicio del periodo de experiencia certificado. «Esta empresa existe, ojo, desde el año 2004 y no desde el año 2002», señaló. El concejal precisó que Restrepo aparecería vinculada formalmente a la sociedad desde 2006, cuatro años después de lo certificado, y sostuvo que el documento contendría una falsedad. Las autoridades competentes deberán evaluar las pruebas y los argumentos de las partes.
Las denuncias se suman a las peticiones que la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, presentó sobre los certificados académicos de la directora. Sánchez citó el artículo 289 del Código Penal, que sanciona la presentación de información falsa en un documento con penas de prisión, y el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, que contempla consecuencias para quien aporte documentación falsa en una hoja de vida para funciones públicas. El senador exigió que la directora explique cómo acreditó su trayectoria profesional ante las autoridades encargadas de su nombramiento.
Foto: Friedinand / Wikimedia Commons (Public domain).