A dos semanas de la elección presidencial, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alertó este 19 de mayo de 2026 desde Bogotá D.C. sob
A dos semanas de la elección presidencial, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alertó este 19 de mayo de 2026 desde Bogotá D.C. sobre la detección de 327.000 votos en puestos atípicos en zonas con presencia de grupos criminales.
El organismo advirtió que estas estructuras armadas ilegales están interfiriendo en el entorno electoral mediante mecanismos de coerción y control territorial para restringir el voto libre. Dada la alta competitividad de la contienda, la magnitud de este potencial electoral en riesgo no puede tratarse como marginal.
El análisis estadístico y de campo desarrollado por la institución identificó un total de 722 puestos físicos de votación que presentan al menos tres señales electorales atípicas convergentes. A estos se suman otros 103 puestos situados en municipios con riesgo territorial activo donde el voto en blanco, nulo o no marcado resultó ganador en los recientes comicios legislativos. En conjunto, el riesgo abarca un potencial electoral de 494.434 electores habilitados que amerita una verificación urgente.
Esta alerta se produce en el marco inmediato de las elecciones al Congreso de 2026, cuyos resultados a nivel de puesto de votación fueron cruzados estadísticamente con variables de riesgo territorial. Los hallazgos se sustentan además en la Veeduría Entorno Electoral 2026, una iniciativa adelantada de forma conjunta por el ICP y la Fundación Colombia 2050. Esta veeduría contó con el despliegue de 126 veedores ciudadanos en 42 municipios de 15 departamentos, así como un monitoreo constante de fuentes abiertas y diálogo directo con los partidos políticos.
Presencia de grupos armados en inmediaciones de puestos de votación
Los datos recolectados demuestran que las interferencias no constituyen una hipótesis puramente estadística, sino una realidad con hechos concretos de coacción documentados en diversas regiones del país. Por ejemplo, en el departamento de Caquetá se constató la exigencia del certificado electoral bajo la amenaza de multas o sanciones, mientras que en Guaviare se registraron restricciones al transporte de personas vinculadas a las campañas. Asimismo, se reportó la presencia de grupos armados en las inmediaciones de un puesto de votación en El Tarra y el constreñimiento directo a comunidades indígenas en el Bajo Baudó. En localidades como Guapi y López de Micay, la situación llegó al extremo del acompañamiento de los ciudadanos hasta las mesas para registrar la opción marcada.
A este panorama de presión comunitaria y restricciones a la movilidad se añaden las denuncias de los propios partidos políticos, que han reportado extorsiones, limitaciones severas para realizar proselitismo y afectaciones directas a la seguridad de sus candidatos.
"El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral, no solo al puesto de votación". — Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política.
El ICP aclaró de forma enfática que estos hallazgos no constituyen una acusación contra campañas, candidatos o partidos políticos en particular, sino que representan señales de alerta que deben ser atendidas por las instituciones competentes. Con el fin de mitigar estos riesgos, el instituto está presentando los datos recabados a las autoridades judiciales, de control y electorales, adjuntando una lista priorizada de 353 puestos físicos únicos para su intervención antes de la jornada electoral.
Un llamado urgente a vigilar territorios prioritarios
De cara a los próximos comicios presidenciales, el ICP anunció la ampliación de su Veeduría Entorno Electoral para la primera y segunda vuelta, incrementando su pie de fuerza a 204 veedores distribuidos en 117 municipios críticos. El éxito y la transparencia de las elecciones dependerán de la capacidad de respuesta del Estado ante el llamado urgente de vigilar estos territorios prioritarios. Asimismo, queda en manos de las misiones de observación internacional, los medios de comunicación y las campañas políticas visibilizar y rechazar contundentemente estas formas de coacción criminal. La pregunta que queda abierta es si las autoridades lograrán actuar a tiempo para garantizar que los ciudadanos en zonas de conflicto puedan ejercer su derecho al voto de manera verdaderamente libre y sin miedo.