El expresidente Álvaro Uribe y su equipo legal denunciaron una grave violación al debido proceso y una abierta interferencia política, luego de que la Fiscalía
BOGOTÁ — El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de abogados denunciaron penal y públicamente una alarmante falta de garantías judiciales y una presunta instrumentación de la justicia con fines políticos. La controversia estalló tras la sorpresiva notificación de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía, quien citó al exmandatario a diligencia de indagatoria por expedientes relacionados con hechos de orden público ocurridos hace casi tres décadas en Antioquia (La Granja, El Aro y San Roque), justo en la recta final de una de las elecciones presidenciales más definitivas del país.
Desde el entorno del exjefe de Estado se cuestionó con dureza el "timing" o la sincronía de la decisión judicial, la cual se produce a escasas 72 horas de que los colombianos acudan a las urnas para definir la Casa de Nariño entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Para el Centro Democrático y la defensa técnica, acelerar un proceso de forma imprevista en plenas vísperas electorales configura una abierta anomalía institucional que busca impactar de manera negativa el resultado del próximo domingo.
Ruptura del debido proceso y denuncias de afectación a las urnas
El principal argumento de la defensa, liderada por el penalista Jaime Granados, se concentra en la vulneración del derecho al debido proceso. De acuerdo con el cronograma legal establecido, el ente investigador disponía de una prórroga legal vigente hasta el próximo 3 de julio de 2026 para el recaudo, práctica y evaluación de pruebas técnicas y testimoniales indispensables para el caso.
Sin embargo, la Fiscalía interrumpió de forma abrupta este periodo probatorio regular. Granados calificó la actuación de la fiscal Abadía como un "abuso de poder" y una "trama electoral" orientada a debilitar la opción política que respalda el uribismo en el balotaje, razón por la cual el equipo jurídico ya se encuentra evaluando acciones legales y disciplinarias drásticas contra la funcionaria judicial por presunto prevaricato o extralimitación de funciones.
"Me llaman a indagatoria sin practicar las pruebas": Uribe
El propio expresidente Álvaro Uribe utilizó sus canales oficiales para manifestar su profunda preocupación por lo que considera un cerco judicial sin el rigor correspondiente, enfatizando que se le está privando del derecho a defenderse con la totalidad de los elementos materiales que sus abogados habían solicitado formalmente.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. ¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras”.
El exmandatario recordó que ha comparecido históricamente ante los llamados de la justicia y que, en este paquete de expedientes específicos —heredados de la Corte Suprema en septiembre de 2020 tras su renuncia al Senado—, la defensa ha insistido en la práctica de pruebas técnicas que demostrarían la ausencia de nexos o responsabilidades omisivas durante su gestión como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.
Cuestionamientos a la reactivación de expedientes históricos
El análisis de la defensa subraya que estas carpetas judiciales permanecieron bajo la lupa de la Fiscalía desde la administración de Francisco Barbosa sin que se encontraran méritos vinculantes concluyentes. Los señalamientos originales de la Corte Suprema apuntaban a una presunta omisión en la protección de los corregimientos de Ituango y supuestas bases de operación en la hacienda Guacharacas; no obstante, el equipo de Uribe ha reiterado que las decisiones de orden público de la época respondieron estrictamente a los canales institucionales del Estado y no a alianzas al margen de la ley.
La sorpresiva reactivación del caso y la premura por resolverlo antes de que venza el plazo de julio, omitiendo la práctica de pruebas ya decretadas a favor del procesado, deja un manto de duda sobre la neutralidad de la jornada judicial. Con el debate trasladado al escenario público, el uribismo cerró filas en torno a su líder natural, denunciando que este llamado busca revivir narrativas de descrédito en un momento de alta vulnerabilidad política para el país.