Abelardo de la Espriella ordenó a su MinInterior designado solicitar a la Procuraduría frenar preventivamente millonarios procesos contractuales de la UNP.
BOGOTÁ — A tres semanas del relevo presidencial, la transición de mando entra en una fase de máxima tensión en el plano de la seguridad nacional y la contratación pública. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, impartió instrucciones directas a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para que presente una solicitud formal de intervención urgente ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
La petición de la administración entrante busca que el Ministerio Público asuma una estricta vigilancia preventiva sobre varios procesos contractuales de alta sensibilidad que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), argumentando que comprometen la seguridad del futuro jefe de Estado, su gabinete, la correcta administración de los recursos y la transparencia administrativa.
La principal alarma: El megacontrato de escoltas presidenciales
El foco de mayor preocupación para el Gobierno electo radica en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, el cual cuenta con un presupuesto que supera los 78.000 millones de pesos. A través de esta licitación, la UNP contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que resguardarán directamente al nuevo Presidente de la República y a los integrantes del gabinete ministerial a partir del 7 de agosto de 2026.
El equipo de De la Espriella alerta que la adjudicación está prevista para concretarse antes del cambio de Gobierno, lo que impediría de forma técnica que la administración entrante valide los perfiles, antecedentes, idoneidad y condiciones de confianza de las personas encargadas de su anillo de seguridad inmediato. Debido a esto, se ha solicitado a la Procuraduría evaluar la suspensión preventiva de esta licitación.
Cargos exprés y compras náuticas bajo sospecha
La ofensiva de control del nuevo Gobierno no se limita al esquema presidencial; también apunta a un presunto copamiento burocrático de la planta de personal y a licitaciones de última hora dentro de la UNP:
Oficiales en provisionalidad: El Gobierno entrante cuestiona un proceso exprés para proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, advirtiendo que de ese total únicamente cerca de 900 plazas fueron convocadas por concurso de méritos legal.
Botes y motores fuera de borda (SC-UNP-050-2026): Se solicitó vigilar el contrato para la adquisición de 188 botes y 264 motores destinados a 29 municipios de 9 departamentos, requiriendo verificar la pluralidad de oferentes, planeación y especificaciones de seguridad.
Contratación indígena: Se rastrean seis procesos contractuales de julio de 2026 dirigidos a resguardos indígenas para constatar si las necesidades están justificadas o si debieron consolidarse en un solo proceso para garantizar economías de escala y libre concurrencia.
Análisis de Acento: El jaque político a la retaguardia de la UNP
Para la mesa de análisis de nuestro medio, la decisión de Abelardo de la Espriella de instruir directamente a Rodrigo Lara para presionar a la Procuraduría representa una jugada defensiva de alta cirugía política. En el manual de transición de poder, un gobernante entrante jamás acepta que su predecesor le escoja y le adjudique —por un valor de 78.000 millones de pesos— el cuerpo de escoltas privados que vigilará su vida y la de sus ministros. Es un asunto elemental de seguridad nacional e íntima desconfianza política.
Al delegar esta tarea en Rodrigo Lara, un experimentado estratega con gran interlocución institucional, y golpear la mesa del recién posesionado Procurador Gregorio Eljach, el nuevo gobierno busca activar los "frenos de emergencia" del Estado. Con ello pretenden paralizar lo que consideran un "amarre contractual" de final de mandato y la masiva formalización de 5.100 cargos provisionales que habrían de heredar de la era Petro. La respuesta que entregue Eljach en las próximas horas medirá qué tan rápido se están realineando los astros del poder en las entidades de control de cara al 7 de agosto.
ABC de la Noticia: Las claves de la solicitud a la Procuraduría
¿Quién ordena la intervención?: El presidente electo Abelardo de la Espriella, por intermedio de su Mininterior designado Rodrigo Lara.
¿Qué megacontrato está en vilo?: El de $78.000 millones (PSA-UNP-054-2026) para contratar la seguridad personal del nuevo mandatario y sus ministros.
¿Por qué se pide suspenderlo?: Porque al adjudicarse antes del 7 de agosto, el gobierno entrante no puede verificar la idoneidad ni los perfiles de sus propios escoltas.
¿Qué pasa con la nómina de la UNP?: Se denuncia el nombramiento preventivo de 5.100 funcionarios en provisionalidad sin el debido proceso de mérito.