La Corte Constitucional declaró inexequible la figura de las Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación impulsado por el gobierno de Gustavo Petr
La Corte Constitucional tumbó las Asociaciones Público Populares (APPo), una figura de contratación creada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro con el propósito de permitir que organizaciones comunitarias ejecutaran proyectos financiados con recursos públicos. La decisión deja sin efecto el marco jurídico que habilitaba este mecanismo.
Las APPo habían sido incorporadas como una alternativa a los esquemas tradicionales de contratación estatal, bajo el argumento de fortalecer la participación directa de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de obras e iniciativas públicas. El modelo buscaba diferenciarse de las Asociaciones Público Privadas (APP), que involucran capital privado en proyectos de infraestructura.
La Corte evaluó la constitucionalidad de la figura tras demandas que cuestionaban su compatibilidad con los principios de contratación pública, como la selección objetiva, la transparencia y la libre competencia. Aunque el alto tribunal no ha divulgado en detalle todos los fundamentos de la decisión, la inexequibilidad implica que el modelo no podrá seguir aplicándose en los términos en que fue diseñado.
Impacto en la contratación pública
La decisión tiene efectos directos sobre proyectos que estaban estructurados bajo esta modalidad. Las entidades deberán revisar los procesos en curso y ajustar sus esquemas de contratación a los mecanismos vigentes en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Desde el Gobierno, las APPo fueron presentadas como una herramienta para agilizar la ejecución de obras en territorios con baja presencia empresarial y fortalecer el tejido organizativo local. Sin embargo, críticos señalaron riesgos relacionados con la supervisión, el control fiscal y la estandarización de procesos.
Alcance institucional del fallo
Más allá del debate político, el fallo reafirma el papel de la Corte como árbitro del diseño institucional del Estado. La decisión delimita los márgenes dentro de los cuales el Ejecutivo puede crear nuevas modalidades contractuales sin reforma legal estructural.
El pronunciamiento también reabre la discusión sobre cómo combinar participación comunitaria y control en la ejecución del gasto público. El reto para el Gobierno será definir si impulsa una nueva iniciativa legislativa ajustada a los parámetros constitucionales o si fortalece mecanismos ya existentes para promover inclusión territorial.
La decisión no es menor. En un contexto de ejecución presupuestal exigente, el modelo de contratación pública se convierte en un componente central de la política económica y de la relación entre Estado y ciudadanía.