La Corte Constitucional ordena al Gobierno una hoja de ruta en 30 días para incluir el Acuerdo de Paz en el Plan de Desarrollo y revisar garantías de seguridad.
La Corte Constitucional volvió a llamar la atención del Gobierno por las fallas en el seguimiento y cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz. En el Auto 1538 de 2026, adoptado el 4 de noviembre, el alto tribunal identificó cinco bloqueos institucionales que dificultan la implementación de las medidas y exigió a varias entidades demostrar que funcionan de manera efectiva. La decisión hace parte del seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró un estado de cosas inconstitucional por las dificultades para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas y avanzan en su proceso de reincorporación.
Entre los problemas señalados están la falta de capacidad institucional para cumplir las tareas de seguimiento, la parálisis en el monitoreo de las garantías de seguridad, la ausencia de indicadores adecuados para medir los avances, las deficiencias en las acciones de vigilancia de la Procuraduría y la desarticulación entre los sistemas que hacen seguimiento a la política de seguridad. Ante ese panorama, la Corte pidió incorporar el componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo y garantizar que las entidades responsables cuenten con presupuesto, personal y capacidad institucional. También requirió acciones concretas a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), a las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Sistema Nacional de Reincorporación. Las entidades deberán presentar informes sobre las medidas adoptadas en plazos de 20 y 30 días hábiles, contados desde la notificación de la providencia.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre preocupaciones presupuestales. Según lo expuesto en el documento, existen $53.000 millones bloqueados que afectarían actividades de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Además, se advirtió sobre una posible reducción del 79,1 % de sus recursos de inversión para 2027, con eventuales consecuencias para proyectos productivos y procesos de reincorporación territorial.
Foto: Cortesía.