Contraloría ordena revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia por $20.783 millones durante el gobierno Petro.
El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, ordenó iniciar acciones de vigilancia y control fiscal sobre varios contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) suscritos durante el gobierno de Gustavo Petro. La Contraloría informó la decisión en la mañana del 9 de noviembre, en una comunicación. Las denuncias refieren cinco contrataciones por un valor aproximado de $20.783 millones, en las que el órgano de control advierte presuntas fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos.
La Contraloría explicó que la revisión prioritaria buscará establecer si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si existe una eventual afectación al patrimonio del Estado. Según el órgano de control, la investigación se centra en la adquisición de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la utilización de recursos públicos. Entre los contratos señalados están la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones, que resultó siniestrado en marzo de 2026; la compra de tres sistemas antidrones por $8.340 millones; la compra de 595 computadores por $1.314 millones, y un sistema de identificación biométrica por $580 millones.
La Contraloría verificará, además, el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos. Para ello requerirá los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. El contralor Laverde afirmó que «la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos». Añadió que la reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso de los recursos.
La decisión se toma en medio de revelaciones periodísticas sobre presunto intento de espionaje a expresidentes, infiltración rusa y la utilización de un hacker para interferir en elecciones. Entre los datos señalados, la DNI habría contemplado instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. Según el informe citado, la entidad tuvo además una supuesta casa operativa a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría funcionado sin registro oficial y fue desocupada después de las elecciones presidenciales. Un informe también advierte que Rusia habría entregado computadores y celulares contaminados con un supuesto malware espía a funcionarios de la DNI que viajaron a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso (SVR). Asimismo, se vinculó a la entidad al ingeniero Carlos Oyola, quien habría liderado una red que pretendía atacar informáticamente a la Registraduría durante las elecciones presidenciales.
Foto: Contraloría.