Contraloría enciende alarmas por “maratón” de contratación de $4,55 billones tras Ley de Garantías

Por Redacción Acento

El organismo de control advierte que más de 11.000 convenios se hicieron mediante contratación directa en solo cuatro semanas.

Contraloría enciende alarmas por “maratón” de contratación de $4,55 billones tras Ley de Garantías

Bogotá. La Contraloría General de la República activó formalmente su mecanismo de Función de Advertencia ante el Gobierno Nacional, luego de identificar un acelerado incremento en la contratación pública tras el levantamiento de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías.

De acuerdo con el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales y financieros presentado por el ente de control, entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se han suscrito un total de 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones de pesos. Esta cifra representa un aumento del 22,5 % en la dinámica contractual al compararla con el mismo periodo del año 2022.

Alerta por contratación directa y riesgos de caja

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para la Contraloría es el uso recurrente de la contratación directa. De las más de 14 mil obligaciones firmadas en el último mes, más de 11.000 se realizaron bajo la modalidad de contratación directa, concentrándose principalmente en prestación de servicios y obras públicas.

El organismo fiscalizador advirtió que entidades clave como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior registran altos riesgos contractuales y presupuestales. Según el análisis, asumir nuevos compromisos financieros en un contexto donde el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas y restricciones de recaudo pone en grave riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.

"Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional y compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación", señala el informe de la Contraloría.

Con la activación de este mecanismo preventivo, el organismo de control insta al Ministerio de Hacienda y a los ordenadores de gasto de las entidades públicas a ajustar la ejecución contractual a la capacidad real de financiación del país, evitando la pérdida de recursos públicos o futuras sanciones disciplinarias y fiscales.

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