La Contraloría General de la República advirtió que el 23 % del gasto público del país se destina al servicio de la deuda, según su más reciente balance económi
La Contraloría General de la República advirtió que el 23 % del gasto público del país se destina al servicio de la deuda, según su más reciente balance económico. La cifra, que equivale a cerca de $105 billones en 2025, refleja una presión creciente sobre las finanzas del Estado y motivó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda.
El informe evidencia que el peso del endeudamiento ha venido aumentando en los últimos años. Mientras en 2021 representaba el 18 % del gasto, hoy alcanza el 23 %, consolidándose como uno de los principales factores que limitan la capacidad del Estado para invertir y responder a necesidades sociales.
El peso creciente de la deuda en el gasto público
El incremento sostenido del servicio de la deuda ha transformado la estructura del presupuesto nacional. Cada vez una mayor proporción de los recursos se destina al pago de obligaciones financieras, lo que reduce el margen para financiar programas sociales, infraestructura y políticas de desarrollo.
En 2025, el servicio de la deuda alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años, duplicándose frente a 2021, cuando se ubicaba en $55 billones. Este comportamiento evidencia una tendencia estructural que condiciona las decisiones fiscales del país.
Advertencia directa al Ministerio de Hacienda
Ante este panorama, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, por el manejo de la deuda pública.
“Este panorama refleja una economía que aún busca consolidar su estabilidad tras choques externos e internos”, señaló el contralor, al referirse a factores como la inflación global, el encarecimiento de la energía y el mayor costo del crédito.
Más deuda, menos margen de maniobra
El informe también advierte que la deuda pública nacional ya alcanza el 57,2 % del Producto Interno Bruto, lo que restringe la capacidad del Estado para reaccionar ante nuevas contingencias económicas.
A esto se suma un déficit fiscal del 6,4 % del PIB en 2025, una inflación de 5,56 % —por encima de la meta del Banco de la República— y una tasa de política monetaria del 11,25 %, configurando un entorno de alta presión sobre las finanzas públicas.
El costo del financiamiento se dispara
El problema no es solo el tamaño de la deuda, sino su costo. Las tasas de interés de los títulos de deuda pública han superado el 13 % en el corto plazo y se ubican cerca del 14 % en el largo plazo, encareciendo el servicio de la deuda.
Según el analista económico Diego Montañez-Herrera, de la Universidad Eafit, el país enfrenta un escenario complejo: deuda más cara y con vencimientos más cortos, lo que incrementa la presión para refinanciar en el futuro cercano.
Un problema estructural del sistema fiscal
Más allá de la coyuntura, la Contraloría advierte que el deterioro fiscal responde a factores estructurales. Entre ellos, la sobreestimación del recaudo tributario y la dependencia creciente del endeudamiento para financiar el gasto corriente.
“El problema no es de ahora, sino estructural”, señaló el contralor, al referirse a las debilidades en la planeación fiscal y en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Inversión rezagada y crecimiento en riesgo
Uno de los efectos más críticos de este escenario es el impacto sobre la inversión pública. Mientras el servicio de la deuda crece, la ejecución de proyectos se mantiene rezagada.
“La inversión sigue siendo un talón de Aquiles”, advirtió Rodríguez, al señalar que la falta de ejecución limita la capacidad del país para impulsar el crecimiento económico y mejorar la productividad.
El desafío fiscal que viene
La advertencia de la Contraloría se produce a menos de 120 días de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, en un contexto de creciente debate sobre el manejo de las finanzas públicas.
El panorama deja una pregunta de fondo:
No se trata solo de cuánto gasta el Estado.
Se trata de cuánto de ese gasto queda disponible para invertir en el desarrollo del país.