Los nueve magistrados del CNE radicaron en el Congreso un proyecto de ley orgánica para recuperar su autonomía presupuestal y de ordenación del gasto.
Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribieron y radicaron ante el Congreso el proyecto de ley orgánica con el que el tribunal busca restablecer de manera definitiva su autonomía presupuestal y de ordenación del gasto. El presidente del CNE, Juan Felipe Lemos, había anticipado su intención de presentar el proyecto antes de finalizar 2026. La iniciativa busca subsanar el vicio que la Corte Constitucional encontró en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, que establecía la independencia presupuestal del CNE. Ese artículo fue declarado inexequible por falta de unidad de materia, y el manejo de los recursos volvió a la Registraduría.
La Corte señaló que el fortalecimiento de la autonomía presupuestal del CNE puede tramitarse mediante una ley orgánica. Mientras tanto, para la vigencia de 2027, año en el que se realizarán las elecciones regionales, el tribunal ya contaba con una sección presupuestal independiente de manera temporal. Lemos explicó que la Corte no cuestionó que el CNE tuviera autonomía, sino que el trámite previsto para garantizarla no correspondía al procedimiento ordinario sino a una ley orgánica.
Si el Congreso aprueba la ley, el CNE podrá programar, administrar, ejecutar y hacer seguimiento directamente a las apropiaciones que le sean asignadas. También podrá ejercer las facultades de contratación, compromiso y ordenación del gasto a través de su presidente, en los términos previstos en la ley. Según el tribunal, la iniciativa no modifica las competencias de la Registraduría ni crea nuevas funciones para el CNE, no establece una fuente autónoma de financiación y no habilita gastos por fuera de las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto General de la Nación. Lemos afirmó que «la autonomía presupuestal no es un privilegio, es una garantía para fortalecer la autoridad electoral y proteger la democracia», e invitó al Congreso a estudiar y debatir la iniciativa por su importancia para el ejercicio independiente de las funciones de regulación, inspección, vigilancia y control de la actividad electoral.
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