Caso Ungrd: cinco exfuncionarios de Petro no tienen juicio fijado

Por Redacción Acento

Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz siguen sin juicio en el caso Ungrd. La audiencia preparatoria se aplazó al 2 de febrero de 2027.

Caso Ungrd: cinco exfuncionarios de Petro no tienen juicio fijado

Más de dos años después del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según reseña El Colombiano, el expediente tiene condenas, sanciones disciplinarias, medidas cautelares sobre bienes y procesos contra funcionarios y dirigentes del Gobierno de Gustavo Petro. Con corte a noviembre de 2026, varios protagonistas de mayor peso político aún no tienen condena penal. Los antiguos ministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, están imputados por presunta participación en una estructura que habría direccionado contratos y proyectos de inversión para conseguir respaldo de congresistas a iniciativas del Gobierno.

Ambos estuvieron privados de la libertad desde diciembre de 2025, pero recuperaron la libertad sin que sus procesos se cerraran. Bonilla salió el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos. Velasco obtuvo esa decisión el 5 de noviembre, cuando el Tribunal Superior de Bogotá consideró que ya no estaban dadas las condiciones para mantenerlo detenido.

El juicio también se ha retrasado. El 4 de noviembre, la Corte Suprema aplazó por segunda vez la audiencia preparatoria y fijó como nueva fecha el 2 de febrero de 2027. Las defensas alegaron dificultades para consultar el material probatorio, entre ellos archivos encriptados y documentos sometidos a cadena de custodia que requieren herramientas técnicas especiales. La Corte concedió un nuevo plazo para completar el descubrimiento de las pruebas. En el mismo capítulo aparece Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, a quien la Fiscalía señala como intermediaria en la entrega de presuntos sobornos a Iván Name, presidente del Senado, por $3.000 millones, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, por $1.000 millones, para asegurar respaldos legislativos a iniciativas del Ejecutivo. Ortiz, acusada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, recuperó la libertad el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, y su proceso continúa.

Foto: /Universidad Nacional de Colombia / Wikimedia Commons (CC BY 3.0).