Gregorio Eljach confirmó que el presidente electo, podrá tomar juramento en un cantón militar siempre que el Congreso apruebe la proposición.
Bogotá. El debate en torno a la sede para los actos solemnes de la investidura presidencial del próximo 7 de agosto dio un giro institucional clave. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la iniciativa que busca trasladar el evento fuera de la tradicional Plaza de Bolívar, señalando que la decisión final radica de manera soberana en las plenarias del Legislativo.
El Congreso tiene la última palabra
De acuerdo con la precisión del jefe del Ministerio Público, el procedimiento constitucional exige que tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes debatan y aprueben formalmente una proposición que autorice el cambio de locación.
"Si esa proposición prospera en ambas corporaciones, el presidente electo no tendría ningún problema de tipo legal o constitucional para posesionarse en una guarnición militar ante la totalidad de los parlamentarios", explicó el procurador Eljach.
La propuesta en el Capitolio
La viabilidad jurídica señalada por la Procuraduría respalda el trámite que adelantará la bancada de Salvación Nacional. La colectividad argumenta motivos de seguridad e impacto territorial para proponer sedes alternas como la ciudad de Cali, Popayán o una unidad militar de alta seguridad para recibir al nuevo mandatario.
Con el aval procedimental expresado por la Procuraduría, la atención se traslada ahora al Capitolio Nacional, donde las bancadas deberán votar la proposición a pocos días del cambio de mando.