La Cámara avanza en la ley de sometimiento, que busca reemplazar la Paz Total de Gustavo Petro. Debate en Congreso, votación prevista para el 2 de noviembre.
La Cámara de Representantes de Colombia avanza en el segundo debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, con el objetivo de aprobarlo el 2 de noviembre, según informó Infobae Colombia. A la discusión asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, dijo que la iniciativa dará al Estado herramientas para enfrentar a las estructuras criminales y recuperar el orden público. Barguil informó en un video que la plenaria trabajaba el lunes festivo en el trámite. Anticipó que, si los textos aprobados por el Senado y la Cámara difieren, ambas corporaciones podrían conciliarlos el miércoles siguiente.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, afirmó que la norma no contempla mesas de negociación: “Es sometimiento puro y duro”. Según Triana, la ley permitirá al Gobierno someter a los jefes de organizaciones criminales. Contrapuso la propuesta a cuatro años de negociaciones de la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro, que, según él, “ampliaron la presencia territorial de esos grupos y el reclutamiento”. La representante Catherine “Cathy” Juvinao, del Partido Alianza Verde, pidió debatir el alcance de la ley sin otorgar una confianza automática a los procesos que se presentan bajo la idea de paz. Durante un homenaje al fallecido exsenador Antonio Navarro Wolff, dijo: “Cualquier diálogo o cualquier proceso de paz, por contener la palabra paz, ya merece nuestra confianza automática. Y eso no es así”.
En el Senado, la plenaria negó el 30 de octubre de 2026 una ponencia de archivo presentada por congresistas del Pacto Histórico, con 45 votos en contra y 19 a favor, y aprobó la proposición que cierra el informe de ponencia con 48 votos a favor y 5 en contra. El proyecto, presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia, modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997 y crea un régimen de sometimiento individual o colectivo de actores armados ilegales, con entrega de armas, información y bienes. Prevé rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para quienes ejercieron liderazgo, condicionadas a aportes de verdad, reparación a las víctimas y entrega de bienes. La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, cuestionó: “El problema de este proyecto de ley es que no somete a nadie”. El presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del Centro Democrático, anunció que la discusión se reanudará con la votación del articulado restante en la siguiente sesión.
Foto: Racso (Oscar Fernando Gómez) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).