La Fiscalía General de la Nación fijó la fecha para que el expresidente responda por las masacres de El Aro y La Granja. En medio de la transición de poder, Uri
BOGOTÁ — El calendario judicial colombiano sumó una fecha crítica que promete agitar las semanas previas al relevo presidencial en la Casa de Nariño. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que comparecerá a diligencia de indagatoria el próximo 24 de julio de 2026, en un expediente de alta sensibilidad histórica que reactiva las investigaciones por las masacres de 'El Aro' y 'La Granja', perpetradas a finales de la década de los noventa.
La citación formal del ente acusador se conoció inicialmente la semana pasada, apenas dos días antes de la segunda vuelta presidencial que definió el triunfo de Abelardo De La Espriella, pero la fecha exacta se mantuvo en reserva hasta este martes. Para los tomadores de decisiones y analistas del poder, el caso representa el último gran pulso judicial del cierre de ciclo de la administración de Gustavo Petro, cuya gestión concluye el próximo 7 de agosto.
La tesis del "atropello" y el factor de la transición política
La respuesta del exmandatario y líder natural del Centro Democrático no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, Uribe Vélez arremetió fuertemente contra la Fiscalía, calificando la citación como un procedimiento apresurado y motivado por intereses políticos y no técnicos.
"La Fiscalía me cita para indagatoria el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes... Esto es un atropello", denunció el expresidente, trazando un paralelo con la decisión de la Corte Suprema que en 2020 le impuso una medida de aseguramiento provisional.
Según la tesis de Uribe, el apuro institucional responde a un intento por complacer al Gobierno saliente en sus últimas semanas de vigencia. "Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine", sentenció de forma contundente.
El rompecabezas probatorio: el giro de Mancuso
El expediente que cerca al exjefe de Estado acumula más de dos décadas de trámite y se remonta a sus años como gobernador del departamento de Antioquia. En el centro del debate probatorio se encuentra una profunda contradicción testimonial que la justicia busca esclarecer:
El testimonio de Francisco Villalba: Una de las denuncias iniciales provino de este exparamilitar, quien señaló supuestos nexos institucionales en la zona de Ituango antes de ser asesinado.
La dualidad de Salvatore Mancuso: Antes de ser extraditado a los Estados Unidos en 2008, el máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) negó de forma tajante cualquier participación o conocimiento de Uribe en las masacres. Sin embargo, tras su regreso al país y en el marco de sus comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mancuso dio un giro radical a su versión, afirmando que el entonces mandatario regional sí estaba al tanto de las dinámicas operacionales del paramilitarismo en el territorio.
Las cicatrices de Ituango y el caso Jesús María Valle
Los hechos que originan la indagatoria del 24 de julio constituyen dos de los episodios más oscuros del conflicto armado en el noroccidente del país. La masacre de 'La Granja' fue ejecutada por las ACCU el 11 de junio de 1996, dejando un saldo de múltiples víctimas en ese corregimiento de Ituango. Posteriormente, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, el terror se trasladó al corregimiento de 'El Aro', donde el mismo grupo ilegal perpetró asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de la población civil.
Adicionalmente, las autoridades mantienen bajo la lupa la presunta responsabilidad de Uribe en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El reconocido líder social fue asesinado tras denunciar de manera pública y ante el despacho del propio gobernador de Antioquia la supuesta aquiescencia y complicidad de sectores del Ejército Nacional en el desarrollo de las masacres.
Con los reflectores puestos sobre la Fiscalía a solo semanas de que asuma el nuevo gobierno, la citación de julio medirá la solidez de un caso histórico frente a las tensiones políticas de un país en plena transición institucional.