El siniestro del C-130 en Puerto Leguízamo, con 66 muertos, 57 heridos y 4 desaparecidos, detona en el Congreso una discusión que llevaba meses acumulándose: ¿q
El siniestro del C-130 en Puerto Leguízamo, con 66 muertos, 57 heridos y 4 desaparecidos, detona en el Congreso una discusión que llevaba meses acumulándose: ¿qué está pasando con el mantenimiento de la aviación militar colombiana y hacia dónde van los recursos de defensa?
El lunes 23 de marzo, un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se desplomó poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el Putumayo. El saldo preliminar confirmado por las Fuerzas Militares es de 66 personas muertas, 57 heridas y 4 desaparecidas. Seis de los fallecidos eran tripulantes de la aeronave.
Es la peor tragedia aérea de las Fuerzas Militares en años. Pero en el Congreso, varios parlamentarios sostienen que el accidente no sorprende: es la consecuencia más visible de una cadena de incidentes que se ha venido advirtiendo desde 2024 y que nadie en el Ejecutivo ha querido explicar con rigor.
El avión: un veterano de guerra que Colombia no ha podido reemplazar
El C-130 Hércules es una aeronave de transporte militar capaz de volar largas distancias sin reabastecerse, consolidada como herramienta fundamental en misiones militares y humanitarias en distintos países.  Colombia opera varios de estos aviones desde hace décadas. Son la columna vertebral de la logística aérea en zonas de difícil acceso como el Putumayo, el Amazonas y el Pacífico, regiones donde la trocha es el único sustituto y la trocha no transporta soldados heridos ni equipamiento pesado.
El problema no es el diseño de la aeronave. El C-130 tiene un historial de seguridad reconocido internacionalmente cuando recibe mantenimiento adecuado.
El problema, según congresistas de distintos partidos, es precisamente ese: el mantenimiento.
La denuncia que antecede a la tragedia
Antes de que se conocieran las imágenes del fuselaje destrozado en la selva del Putumayo, parlamentarios ya habían encendido alarmas en el Congreso. La evidencia que manejaban era la siguiente: durante el gobierno de Gustavo Petro se han registrado al menos 12 accidentes aéreos en las Fuerzas Militares. No doce incidentes menores. Doce siniestros documentados.
La congresista Carolina Arbeláez fue más allá del conteo. Señaló que más de $432.000 millones de pesos destinados a fortalecer las capacidades aéreas, la defensa y la seguridad nacional registran una ejecución del 0% en 2026. Cero. En un año en que el país opera aeronaves de décadas de antigüedad en zonas de conflicto activo, los recursos aprobados para modernizar esa capacidad no se han tocado.
La pregunta que esto genera es directa: ¿no se ejecutan porque no hay voluntad política, porque hay problemas administrativos en el Ministerio de Defensa, o porque esos recursos fueron redirigidos hacia otros fines? Ninguna de las tres respuestas es tranquilizadora.
Desde el Senado, María Fernanda Cabal exigió una investigación rigurosa, transparente e independiente, con acompañamiento internacional, y pidió explicaciones inmediatas tanto al presidente Gustavo Petro como al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Su planteamiento va más lejos que el análisis técnico: si aparecen indicios de sabotaje, terrorismo, interferencia criminal o cualquier forma de acción deliberada, la investigación debe tener capacidad de perseguir esas hipótesis sin interferencia institucional.
Lo que revelan los números
Doce accidentes aéreos en menos de cuatro años de gobierno no son estadísticamente normales. Para entender la magnitud, hay que considerar el contexto operativo: las Fuerzas Militares colombianas operan en condiciones adversas, en zonas remotas, con aeronaves que en varios casos superan los 30 años de uso. El desgaste estructural es inevitable. Lo que no es inevitable es ignorarlo.
Un patrón de incidentes de esta frecuencia activa, en cualquier fuerza aérea del mundo, protocolos de revisión sistémica obligatoria. Se auditan los programas de mantenimiento, se revisan los contratos con proveedores, se evalúa si el personal técnico tiene las certificaciones y los insumos necesarios. Eso es estándar. La pregunta es si en Colombia ese protocolo se activó después del primer accidente, del quinto, o del décimo.
La cifra de $432.000 millones sin ejecutar añade una dimensión presupuestal que el Congreso tiene derecho a escrutar con toda la severidad institucional disponible.
Esos recursos tenían un destino específico: fortalecer capacidades aéreas y de seguridad nacional. Si no se ejecutaron, alguien tomó esa decisión o la omitió. En cualquier caso, hay responsabilidad.
La hipótesis que no puede descartarse
La senadora Cabal introdujo en el debate público una hipótesis que la institucionalidad preferiría no tener que examinar: la posibilidad de que alguno de estos accidentes no sea accidental.
Sabotaje, terrorismo, interferencia criminal. Son palabras graves. Pero en un país con grupos armados que tienen historial documentado de ataques a infraestructura estatal, descartarlas sin investigación sería una negligencia.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene la obligación de responder no solo qué falló en el C-130 de Puerto Leguízamo, sino por qué en este gobierno han fallado doce aeronaves militares. Y el Ministerio de Defensa tiene que explicar qué pasó con los $432.000 millones.
Este no es un debate técnico sobre piezas y motores. Es un debate sobre el estado real de las Fuerzas Militares colombianas en el año en que el país elige presidente.
El accidente del avión en Puerto Leguízamo dejó 66 muertos, 57 heridos y 4 desaparecidos.  Detrás de esos números hay soldados, tripulantes, familias. La Fuerza Aeroespacial confirmó la muerte de seis tripulantes en el siniestro.  Hombres con nombre, con rango, con años de servicio.
La tragedia del Putumayo no puede quedar reducida a un comunicado de condolencias y un decreto de tres días de duelo. Requiere respuestas verificables, una investigación con independencia real y una rendición de cuentas sobre los recursos que debían proteger a quienes hoy Colombia llora.
Los colombianos no le piden al gobierno certezas inmediatas. Le piden que no mienta, que no desvíe, y que no archive. Eso, en este caso, es lo mínimo.