A pocas horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta presidencial, los líderes de la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y el CNE lanzaron un ve
BOGOTÁ — Las máximas autoridades electorales y de control de Colombia lanzaron este viernes un urgente y enérgico llamado conjunto para rechazar de manera categórica cualquier manifestación de violencia antes, durante y después de la crucial jornada electoral de este domingo. En el marco de la instalación de la misión de observación internacional, la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) instaron a las campañas presidenciales, al Gobierno y a la ciudadanía a recibir el veredicto de las urnas en paz y evitar que la contienda democrática de la segunda vuelta se convierta en un foco de confrontación civil.
Las advertencias del bloque institucional surgen como respuesta directa a la proliferación de discursos estigmatizantes y narrativas de fraude electoral sin pruebas materiales que han circulado en las últimas semanas. Las autoridades enfatizaron que es imperativo que las fuerzas políticas de izquierda y derecha canalicen de manera madura e institucional cualquier inconformidad post-electoral.
Preocupante aumento de violencia digital y ataques políticos
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expuso con alarma los hallazgos de los monitoreos realizados por la entidad desde la primera vuelta, alertando sobre un ecosistema digital altamente hostil. El informe detalla la identificación de 431 nuevos casos de violencia dirigidos de forma específica contra las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales en este último tramo de la campaña.
De acuerdo con la radiografía técnica de la Defensoría, la estigmatización lidera las agresiones verbales en plataformas digitales con un 55%, seguida por la difamación (17.6%), el lenguaje ofensivo (12.3%) y alarmantes conductas de discriminación y racismo (9%). Lo más grave, según advirtió la funcionaria, es que esta hostilidad discursiva ya saltó de las pantallas a los hechos físicos en el territorio nacional, registrándose amenazas y atentados contra sedes políticas, como el ataque sufrido recientemente por el equipo de la senadora Paloma Valencia en el centro de Bogotá.
Un llamado directo a Cepeda, De la Espriella y Petro
Frente a este complejo panorama que amenaza el derecho de la ciudadanía a votar en un entorno libre de presiones, la Defensora del Pueblo dirigió un mensaje contundente a los líderes que marcan el tono de la agenda pública del país.
"Hago un llamado enfático, vehemente y firme a los candidatos presidenciales, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y al presidente de la república, Gustavo Petro, a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, a desincentivar cualquier forma de violencia y a evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente como se ha hecho hasta el momento", señaló Iris Marín.
A esta fuerte postura se sumó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien recordó la naturaleza temporal de las dignidades públicas y la trascendencia de preservar la estabilidad democrática por encima de los intereses partidistas. El alto funcionario fue tajante al sentenciar que "esta nación es mucho más que un presidente" y que bajo ninguna circunstancia se justifica que la ciudadanía se agreda u hostigue por importante que sea el aspirante electo en las urnas.
Plan de contingencia para vigilar las protestas el domingo
Conscientes de que el desenlace de las votaciones del 21 de junio podría desencadenar tensiones en las calles, la Defensoría del Pueblo anunció la activación inmediata de un plan de acompañamiento, atención y monitoreo a la protesta social para el fin de semana. El objetivo primordial de la estrategia es blindar y garantizar el derecho constitucional a la reunión y movilización de los inconformes, implementando a su vez medidas preventivas para evitar que brotes aislados de descontento muten en asonadas o disturbios urbanos.
La defensora Iris Marín concluyó insistiendo en que las instituciones del Estado no le temen a la protesta civil legítima, pero aclaró que se adoptarán todas las medidas de seguridad pertinentes para asegurar que cualquier manifestación post-electoral se mantenga estrictamente dentro de los límites de la legalidad y la convivencia pacífica.