Un violento ataque con aeronaves no tripuladas en la vereda Kilómetro 25 de Tibú, atribuido a disputas territoriales entre el ELN y disidencias de las FARC, pro
BOGOTÁ — La región del Catatumbo se encuentra en el centro de una profunda controversia humanitaria y de seguridad nacional a menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial. El reciente ataque indiscriminado con drones artillados en la vereda Kilómetro 25 de Tibú (Norte de Santander) —que cobró la trágica vida de un niño de 10 años y dejó en estado crítico a una bebé de 2 años— ha generado un complejo cruce de posturas entre el clamor de los organismos de control por la flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las urgentes contramedidas e hipótesis oficiales que maneja el Gobierno nacional.
El suceso, derivado de intensos combates territoriales por un corredor estratégico de economías ilícitas hacia el corregimiento de La Gabarra, encendió las alarmas institucionales en Bogotá. La confrontación expuso la vulnerabilidad de la población civil ante modalidades de terrorismo asimétrico, obligando a una reestructuración inmediata de los planes de orden público para blindar los comicios de este domingo.
La condena de la Procuraduría y el dolor de las víctimas
Por un lado, el eje central de la indignación nacional lo lidera la Procuraduría General de la Nación, organismo que emitió un enérgico pronunciamiento de rechazo absoluto, recordando que los menores de edad y los bienes civiles jamás pueden ser puestos en riesgo en el marco del conflicto armado. Las cargas explosivas destruyeron por completo una vivienda rural e impactaron un templo cristiano, afectando también a la esposa del pastor de la congregación y a otros tres adultos de la zona.
"La Procuraduría General de la Nación condena el reciente ataque con explosivos mediante el mecanismo de drones perpetrado por grupos armados ilegales contra la población civil (...). Ninguna acción armada puede poner en riesgo la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes y demás civiles. Exigimos la protección efectiva de la población".
La gravedad del escenario obligó a las tripulaciones de la Fuerza Pública a sortear el asedio de los dispositivos no tripulados criminales, los cuales continuaron sobrevolando el área y bloqueando temporalmente los protocolos de evacuación aeromédica de la Fuerza Aeroespacial (FAC). Ante la imposibilidad de un aterrizaje seguro, el Ejército y la Policía Nacional debieron coordinar una caravana terrestre fuertemente custodiada para trasladar a los sobrevivientes hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta.
MinDefensa señala al Frente 33 de las disidencias de las FARC
Por otra parte, la respuesta de la cúpula militar y del Ejecutivo se enfoca tanto en el señalamiento directo de los responsables como en neutralizar el impacto táctico de estos artefactos de cara a la jornada democrática. El Ministro de Defensa se pronunció de forma contundente sobre los hechos, señalando de manera directa a las disidencias del Frente 33 de las FARC, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', como las directas responsables de haber planeado y ejecutado este ataque con tecnología remota en su disputa criminal contra el ELN.
A raíz de este diagnóstico judicial y técnico, el Ministerio de Defensa y el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano ratificaron el despliegue extraordinario de miles de soldados en los puntos críticos de votación del nororiente del país. Las instrucciones impartidas a las tropas se centran en incautar y derribar cualquier aeronave no tripulada sospechosa mediante modernos equipos de inhibición tecnológica.
Paralelamente, las autoridades locales instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para coordinar la atención humanitaria de las familias desplazadas de sectores aledaños como Barrancas y agilizar las órdenes de captura contra los cabecillas de la estructura disidente. Desde el sector Defensa se enfatizó que el verdadero reto del fin de semana consiste en neutralizar el constreñimiento armado y asegurar que el veredicto en las urnas del Catatumbo responda a la libre voluntad ciudadana y no a la intimidación tecnológica de las armas.