Una reflexión sobre la democracia actual, donde los intereses económicos parecieran pesar más que la protección a la vida y el pueblo.
Desde la mesa de prensa de mi propia conciencia, observo el escenario global como quien cubre un juicio en permanente desarrollo. De un lado de la sala se sientan las ideas que concibieron la convivencia política no como un mero cálculo de fuerza, sino como la custodia sagrada de la vida; la premisa fundamental de que el poder solo encuentra su razón de ser si protege la dignidad del individuo y reconoce en el otro a un semejante cuyo dolor nos pertenece. Del otro lado, la geopolítica contemporánea mueve sus fichas con un pragmatismo helado, convencida de que el orden y la estabilidad se pueden comprar al precio del desamparo del prójimo.
En este tablero global, las reglas parecen reescribirse sobre la marcha.
Al observar la región, emergen jugadas atrevidas que tensionan los límites de la convivencia. En El Salvador, por ejemplo, se ha desplegado un gambito severo: recortar garantías y libertades individuales a cambio de una sensación inmediata de tranquilidad colectiva. Para muchos se trata de un movimiento táctico eficaz; para la vista del observador crítico, surge la duda de si sacrificar peones en el centro de la partida no termina por carcomer la estructura misma que sostiene a la sociedad.
En Colombia, la lucha del Estado contra los grupos armados expone un dilema semejante. La fuerza pública busca restablecer el control territorial, pero en cada avance surge una sombra inquietante: ¿hasta qué punto el uso del poder coercitivo logra proteger a las comunidades sin convertir a las poblaciones más vulnerables en el daño colateral de un conflicto interminable?
Ambos casos revelan una tentación peligrosa: cuando la desesperación amenaza con desbordar la mesa, los gobiernos se apresuran a cambiar principios éticos por soluciones de fuerza, olvidando que ninguna seguridad es real si se edifica sobre la deshumanización de los más débiles.
Ahora vayamos al grano y pensemos en el caso de Venezuela. La tensión política que se vive frente al regreso de María Corina Machado al país muestra los movimientos más fríos de la política en la región.
Tras la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero de 2026, lo que insinuaba ser una transición inmediata hacia las reglas democráticas viró rápidamente hacia un hábil enroque estratégico.
En lugar de una apertura institucional, se consolidó una «hegemonía transaccional» donde Washington ha preferido pactar de forma directa con la cúpula que hoy lideran Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, priorizando la estabilidad del mercado sobre las urnas.
Las cifras y los instrumentos confirman que el tablero se reordenó en función de los recursos y no de los votos:
El pacto de los campos: Concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos clave a consorcios internacionales y la participación activa del Departamento de Defensa en la comercialización del crudo.
El blindaje legal: Reformas relámpago a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para flexibilizar regalías y someter litigios a arbitrajes externos.
El canal de las licencias: Permisos especiales de la OFAC que garantizan el retorno del gran capital mientras la representación popular permanece congelada.
En esta jugada, María Corina Machado —quien sostiene el respaldo de millones de votos y la autoridad del Premio Nobel de la Paz 2025— podría resultar incómoda para el acuerdo porque su exigencia de elecciones transparentes y su retorno al país hacen tambalear la frágil estabilidad pactada sobre los pozos petroleros. Incluso desde el Congreso estadounidense, figuras como el senador Rick Scott cuestionan si cambiar la causa de una nación por barriles de petróleo a bajo precio no constituye un vacío moral que condena el futuro regional.
Más allá de imputar la responsabilidad a un gobierno en particular o de señalar el cálculo individual de un actor político, la pregunta urgente es sobre el rumbo que tomará la democracia venezolana en los próximos días. Fue precisamente la incapacidad interna de una nación para autogobernarse con justicia lo que terminó abriendo la puerta a una intervención extranjera que, en teoría, buscaba restablecer la democracia que invocábamos al inicio de estas líneas.
Sin embargo, en esta «transición prometida» resulta alarmante el silencio sobre lo sustancial: nada se dice de los derechos humanos, de la restauración real de la separación de poderes, de la justicia social, de la inversión en la gente ni de la diversificación económica. Asistimos a una paradoja de fondo: mientras la economía retrocede al extractivismo primario del siglo XX, el sistema político ensaya una versión distorsionada de la democracia; un modelo que transgrede y desfigura los principios sobre los cuales se fundó la idea misma de libertad.
Quiero traer a colación a pensadores como John Locke o Baruch Spinoza, no para responder al deseo de dictar una clase de historia política, sino por la necesidad de recordar que para ellos el Estado solo era legítimo si garantizaba la libertad y la vida de los ciudadanos. Cuando la norma olvida ese propósito fundamental, la promesa misma de la civilización se extravía. Esto no es una lección académica de teoría institucional; es una reflexión urgente sobre el rumbo que están tomando el mundo y el poder en una época profundamente paradójica: vivimos en un planeta que se vuelve cada vez más chico, interconectado y servicial para algunos, pero que al mismo tiempo sigue siendo inmenso, lejano y cruento para quienes intentan sobrevivir el día a día a pie.
Si descendemos de las altas cumbres de la diplomacia al suelo donde la gente camina, la erosión de esta mirada sobre el ser humano se hace dolorosamente tangible en pasos fronterizos como el puente Simón Bolívar y el sector de La Parada, en Villa del Rosario.
Allí, el celo rígido de los controles tributarios de la DIAN —diseñado con la métrica fría de la norma fiscal— choca de frente contra la economía de subsistencia de miles de familias. En un contexto donde las ventas han caído un 80 % y el flujo peatonal se redujo de 35.000 a apenas 6.000 personas diarias, la incautación de un cargamento de alimentos o la imposición de un trámite infranqueable deja de ser una medida burocrática. Se convierte en la prueba de cómo el sistema, al perder la capacidad de conmoverse ante el prójimo, convierte la ley en un instrumento de ahogo. Mientras las superpotencias flexibilizan normas para comerciar megatones de crudo, al ciudadano de a pie se le aplica el rigor absoluto por intentar llevar comida a su mesa.
Al repasar este cuaderno de notas, la lección no es una sentencia política, sino una pregunta sobre el rumbo que hemos tomado. Si las democracias y las grandes potencias han entrado en una espiral de cinismo es porque despojaron a la política de su dimensión más noble: la fraternidad y el deber inalienable de cuidar la vida del otro.
Hemos caído en la ilusión de que el bienestar se logra moviendo fichas de poder, abriendo mercados o ajustando balances de caja, cuando en realidad la única jugada que le da sentido a la sociedad es situar el valor sagrado de cada ser humano —del vecino, del migrante, del campesino, del desprotegido— en el centro exacto de cada decisión.
Cuando el amor al prójimo se sustituye por la transacción, la política deja de ser un servicio a la comunidad y se convierte en una simple administración del caos. Quizás no necesitemos inventar un nuevo sistema, sino tener la valentía ética de volver a las reglas originales.