El nuevo gobierno recibe un país que envejece y un sistema pensional con retos de cobertura, sostenibilidad fiscal y pasivos territoriales. Más que una discusió
Cada cambio de gobierno trae consigo una agenda de prioridades: seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura, crecimiento económico. Sin embargo, hay un tema que atraviesa todas esas discusiones y que, tarde o temprano, condiciona la capacidad real del Estado para cumplir sus promesas: el sistema pensional.
Hablar de pensiones no es hablar únicamente de adultos mayores ni de trámites administrativos. Es hablar de sostenibilidad fiscal, equidad social, cambio demográfico, confianza institucional y responsabilidad intergeneracional. También es hablar de territorio, porque una parte importante de las obligaciones pensionales del país no se explica solamente desde el nivel nacional, sino desde la historia administrativa y financiera de departamentos, distritos, municipios y, por ende, fondos y presupuestos territoriales.
Colombia, como el mundo, enfrenta una transición demográfica profunda. Vivimos más años, tenemos menos hijos y el peso relativo de la población mayor aumenta de manera acelerada. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo financiar una vejez digna en un país donde buena parte de la población no logra cotizar de manera suficiente, donde la informalidad laboral sigue siendo alta y donde los recursos públicos son cada vez más limitados?
El sistema pensional colombiano tiene tres grandes problemas. Primero, baja cobertura: muchas personas llegan a la vejez sin pensión. Segundo, inequidad: durante años, una parte importante de los subsidios públicos se concentró en pensiones relativamente altas. Tercero, sostenibilidad: el pago de pensiones representa una presión creciente sobre el Presupuesto General de la Nación.
Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. En 2024, el gasto pensional rondó los 57 billones de pesos. En 2025, el rubro se ubicó alrededor de 66 billones. Para 2026, las apropiaciones asociadas a pensiones superan los 83 billones de pesos. Esto significa que las pensiones pasaron de representar cerca del 11% del presupuesto nacional en 2024 a ubicarse alrededor del 15% en 2026. No es un asunto menor: cada peso destinado al pago de obligaciones pensionales es necesario y legítimo, pero también compite con inversión, infraestructura, programas sociales, salud, educación y seguridad.
Por eso la discusión sobre la reforma pensional no puede reducirse a una consigna política. La controversial Ley 2381 de 2024 buscó reorganizar el sistema bajo un esquema de pilares, ampliar la protección a la vejez, fortalecer el componente solidario y modificar la relación entre el régimen público y los fondos privados. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por la revisión de la Corte Constitucional, que identificó problemas de trámite legislativo y ordenó subsanar el procedimiento. Esto confirma algo importante: una reforma pensional no solo debe ser socialmente ambiciosa y fiscalmente responsable; también debe ser jurídicamente sólida.
Colombia necesita ampliar cobertura para quienes hoy no tienen protección, reducir inequidades, cuidar el ahorro pensional, proteger la confianza legítima de los afiliados y garantizar que las obligaciones presentes no comprometan de manera irresponsable el bienestar de las próximas generaciones.
Ahora bien, es mi obligación pedir que no se olvide el componente territorial del sistema pensional. En los territorios persisten pasivos históricos, cuotas partes pensionales, bonos pensionales, obligaciones compartidas entre entidades y procesos de depuración de información que requieren coordinación, tecnología, seguridad jurídica y recursos. No puede ser que entre entidades públicas nos demandemos para atender estas obligaciones. Este no es un asunto marginal. Es parte de la sostenibilidad real del sistema.
En ese contexto, es clave recordar que el FONPET cumple un papel fundamental. El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales fue concebido como un instrumento para apoyar la financiación del pasivo pensional territorial. Su existencia reconoce que departamentos, distritos y municipios necesitan respaldo, reglas claras y mecanismos eficientes para cumplir obligaciones pensionales acumuladas durante décadas. Pero el FONPET no puede ser visto solo como una bolsa de recursos. Debe ser parte de una política integral de saneamiento, depuración, información y pago oportuno.
Desde el nivel territorial, el mensaje al nuevo gobierno es: no se puede construir una política pensional seria mirando únicamente a Colpensiones, a los fondos privados o al Presupuesto General de la Nación. También hay que mirar a las entidades territoriales, a sus fondos y presupuestos, a sus pasivos, a sus sistemas de información y a sus capacidades institucionales.
El reto pensional colombiano no admite simplificaciones. No se resuelve únicamente aumentando subsidios, ni trasladando cargas, ni aplazando decisiones, ni confiando en que el crecimiento económico resolverá por sí solo el problema. Requiere una conversación seria entre generaciones, entre Nación y territorio, entre sostenibilidad fiscal y justicia social.
El nuevo gobierno recibe un país que envejece, un presupuesto cada vez más presionado y una reforma pensional en revisión. Allí hay una oportunidad: convertir el debate pensional en una política de Estado, no en una disputa coyuntural.
Porque al final, el sistema pensional no es solo una cuenta fiscal. Es una promesa pública. La promesa de que quienes trabajaron durante años tendrán una vejez protegida. La promesa de que quienes hoy cotizan pueden confiar en las reglas. Y la promesa de que el Estado será capaz de responder sin olvidar a los territorios, donde también se acumulan las obligaciones, los riesgos y las soluciones.