No investigo coincidencias. Sigo patrones, persistencias y continuidades históricas de un matrimonio indisoluble marcado por la combinación de todas las formas
La doctrina: paz, guerra y toma del poder
Las FARC dejaron escrita una frase que resume medio siglo de engaño político: “La paz es nuestra estrategia, y el accionar del movimiento armado empuñando la bandera de la alternativa política, la táctica para llegar a ella”. No hablaban de rendirse. Hablaban de la toma del poder. En lenguaje llano: el fusil y la política no eran caminos opuestos. Eran piezas de una misma maquinaria.
Raúl Reyes lo dijo sin anestesia. Las FARC eran una “organización política militar que aplica la combinación de todas las formas de lucha revolucionaria por la conquista del poder”. Y completaba la idea: no subestimaban la vía electoral cuando podía servir a una gran coalición antiimperialista, bolivariana, progresista y revolucionaria comprometida con salidas políticas al conflicto. En castellano político: tomar el poder por la fuerza, por la vía electoral o por ambas, según conviniera.
Marquetalia fue el punto de origen simbólico de las FARC. En 1964, tras la ofensiva militar contra esa zona campesina armada en el sur del Tolima, los sobrevivientes encabezados por Manuel Marulanda convirtieron la derrota en mito fundacional. Desde allí nació la guerrilla que después se llamaría Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: una organización que no se limitó al fusil, sino que construyó partido clandestino, retaguardia, propaganda, finanzas ilegales, negociación y proyecto de poder.
Ese es el punto de partida. No estamos ante una sospecha suelta, una fotografía incómoda o una frase de campaña. Estamos ante una pregunta histórica: ¿qué pasa cuando una guerrilla que secuestró, reclutó niños, traficó coca, extorsionó, asesinó y negoció durante décadas descubre que llevar a gobiernos pusilánimes a negociaciones eternas podía ser un camino abonado para la toma del poder?
Iván Cepeda no necesita portar un carné clandestino de las FARC para que su candidatura obligue a revisar esa historia. Esa sería la caricatura fácil. La pregunta seria es otra: si su trayectoria pública representa hoy la culminación electoral de una vieja lógica político-insurgente donde armas, negociación, víctimas, propaganda, justicia transicional, movilización social, coca y vía electoral terminaron mezcladas bajo el nombre amable de la Paz Total.
Las FARC fueron el eje más visible, pero no el único. Colombia padeció una constelación de organizaciones violentas que, con distintos lenguajes, disputaron el poder por las armas y luego buscaron reconocimiento político: FARC, Ejército de Liberación Nacional, M-19, EPL, Quintín Lame, disidencias y estructuras criminales alimentadas por coca, minería ilegal, secuestro y extorsión. No fueron una sola organización. No obedecieron siempre a un mando único. Pero durante décadas compartieron una ruta repetida: violencia, negociación, reconocimiento, beneficios, curules, territorio y poder.
La maquinaria: coca,secuestro, negociación y curules
A eso le llamaron paz. ¿Cuál paz? La que despejaba territorios mientras seguían los secuestros. La que hablaba de pueblo mientras lo masacraban, reclutaban niñas, las violaban, las obligaban a abortar. La que prometía reconciliación mientras cobraba extorsiones. La que ofrecía reformas mientras acumulaba coca, armas y retaguardia. A veces fue paz verdadera para combatientes que dejaron las armas. Pero otras veces fue repliegue, descanso táctico, legalización de lo conquistado por la violencia y oxígeno político para volver a las armas.
El Caguán fue el ensayo más crudo. Entre 1998 y 2002, el Estado despejó cerca de 42.000 kilómetros cuadrados para negociar con las FARC. Lo que debía ser una zona para hablar de paz terminó convertido en vitrina política, retaguardia armada y escenario de poder. La organización recibió visitantes, habló de reformas, exigió canjes, movió diplomacia y mantuvo secuestros, extorsiones y control territorial. La llamada Ley 002 fue la confesión perfecta: las FARC disfrazaron la extorsión de “impuesto para la paz”. La víctima no veía un impuesto: veía un fusil.
La coca cuenta la historia sin discursos. En el ciclo del Caguán, mientras el Estado negociaba con una guerrilla armada y le despejaba territorio, los cultivos llegaron a niveles históricos: la serie SIMCI/UNODC registra 144.807 hectáreas en 2001. Luego, cuando el Estado recuperó iniciativa militar y territorial —durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe y la primera etapa del gobierno de Juan Manuel Santos—, la curva cambió: la coca bajó casi un tercio a 47.790 hectáreas en 2012. El secuestro también cayó: los secuestros atribuidos a las FARC que llegaron a más de 3 mil por año pasaron de 984 a 121 entre 2002 y 2007. En 1991, sólo Medellín alcanzó una tasa extrema de 381 homicidios por cada
100.000 habitantes, con 6.809 asesinatos en un solo año. En años posteriores, la tasa nacional pasó de 65,74 a 33,97 por cada 100.000 habitantes entre 2002 y 2010.
No fue magia: fue presión del Estado. Cuando la guerrilla encontró gobiernos débiles, complacientes o atrapados por la ilusión romántica de que negociar sin presión estatal desarma criminales, creció la coca, creció el secuestro, creció la retaguardia y creció el chantaje político. Cuando el Estado los enfrentó con decisión, la violencia bajó y el área sembrada también. El dato no convierte al Estado en inocente. La historia de las ejecuciones extrajudiciales no cabe en un solo gobierno; allí estallaron como escándalo nacional y quedaron documentadas con una magnitud criminal imposible de negar. Pero la tendencia histórica es igual de imposible de esconder: las organizaciones criminales negocian mejor cuando llegan fuertes, armadas y financiadas; se repliegan cuando el Estado les quita territorio, rentas, comandantes y oxígeno político.
Después de La Habana, la historia volvió a girar. La coca tocó un punto bajo en 2012. Y es imprescindible decirlo: las FARC llegaron a una negociación en el marco de una derrota militar, con Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano dados de baja en operaciones militares; con el área de coca sembrada en mínimos históricos; y con una organización que no estaba derrotada, pero sí muy disminuida. En 2016, año del Acuerdo, ya había vuelto a niveles de expansión; en 2017 se disparó otra vez; en 2023 llegó a 253.000 hectáreas, según UNODC. La foto más reciente conocida seguía por encima de 250.000 hectáreas: una serie cuatrimestral citada por El Espectador en 2026 hablaba de 258.144 hectáreas en 2025, 5 veces por encima de la era de la Seguridad Democrática. La Paz Total recibió esa bomba y no la desactivó. La administró con mesas, voceros, ceses, suspensiones y lenguaje político, mientras a los territorios volvían las armas, la coca y las extorsiones y los secuestros.
Aquí no hablamos de “actores armados”. Eran organizaciones criminales con ideología, mando, territorio, rentas ilegales y proyecto político. Las FARC, el ELN y los demás grupos armados convirtieron el secuestro en política de poder. La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado por el Acuerdo de 2016, imputó al antiguo Secretariado crímenes de guerra y de lesa humanidad por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. En 2025, el último Secretariado recibió la máxima sanción propia por los secuestros. Esos antiguos comandantes no fueron simples firmantes de paz. Fueron responsables de una política criminal, premiados con curules garantizadas en el Congreso.
También hablamos de reclutadores de niños. La JEP estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados y utilizados por las FARC entre 1971 y 2016. Muchos tenían 14 años o menos. En el Caso 07 también aparecen violencias sexuales intrafilas, abortos forzados y violencia reproductiva. La guerrilla que hablaba de pueblo convirtió niños en combatientes y cuerpos de mujeres en territorio de mando.
El Ejército de Liberación Nacional no fue distinto en su desprecio por la libertad ajena. Siguió secuestrando, atacando infraestructura, confinando comunidades y usando civiles como fichas de presión. Las disidencias nacidas después del Acuerdo tampoco son una discusión académica: son estructuras rearmadas que disputan coca, corredores, rentas y población. Cuando el lenguaje oficial habla de “grupos armados”, el lector debe traducir: secuestradores, extorsionistas, reclutadores, narcotraficantes y mandos armados que aprendieron que la violencia abre puertas.
Cepeda y el ecosistema histórico de las FARC
Digamos con claridad: el Estado tampoco está libre de pecados. Cepeda no inventó los crímenes estatales. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica y dirigente comunista, fue asesinado en 1994; la persecución contra la Unión Patriótica y los falsos positivos son heridas reales de la historia colombiana.
Ese origen explica el rumbo de su activismo: una vida pública dirigida casi siempre hacia los crímenes del Estado, la Unión Patriótica, los falsos positivos, el paramilitarismo y la persecución contra la izquierda. Lo explica. No lo justifica, no lo absuelve. Y mucho menos convierte en inocentes a las guerrillas que, al otro lado de la historia, secuestraron, reclutaron niños, violaron, extorsionaron y traficaron coca y cuyas víctimas no hicieron parte de la agenda del hoy candidato Cepeda.
Iván Cepeda no nació políticamente en una oficina del Congreso. Nació en un hogar atravesado por el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, Voz Proletaria, la Unión Patriótica y la memoria de persecución estatal. Manuel Cepeda Vargas fue dirigente comunista y senador de la UP. Yira Castro fue militante comunista, periodista política y formadora de cuadros.
La UP nació en el marco de los diálogos con las FARC y luego fue exterminada criminalmente. Esa doble verdad es indispensable: no todo comunista fue guerrillero, y no toda víctima de Estado puede ser borrada de una historia política más amplia.
Pero en la vida de Iván Cepeda el cruce no quedó en herencia familiar. Él mismo ha contado visitas a Casa Verde, el santuario político-militar de las FARC, donde discutió con Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Alfonso Cano. No era una sede de partido cualquiera. Casa Verde era el corazón de una guerrilla que hablaba de paz mientras conservaba mando armado, territorio, doctrina y estrategia. En la salud y en la enfermedad, en la legalidad y en la clandestinidad, los mismos nombres volvían a encontrarse alrededor de la misma pregunta: cómo tomarse el poder.
El Colombiano ha documentado que la muerte de Yira Castro produjo impacto simbólico dentro de las FARC: no solo bautizaron con su nombre uno de sus frentes de guerra, sino que su nombre fue usado como alias entre guerrilleros. El apellido Cepeda también fue usado por estructuras armadas de las FARC. Y aquí hay que ser precisos: no fue una sola estructura. Hubo al menos dos con ese nombre o referencia. El Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, en el Valle del Cauca, y el Frente 42 Manuel Cepeda Vargas, del Bloque Oriental, confundidos a veces por el mismo nombre, pero distintos en operación y zona de influencia.
El Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas no fue una placa simbólica. Según la JEP, participó en la planeación y ejecución del secuestro de los doce diputados del Valle en 2002; once fueron asesinados en cautiverio cinco años después. Ese mismo frente reivindicó en 2005 un ataque con explosivos contra la sede de RCN Radio y Televisión en Cali. En 2008, información del DAS lo vinculó con un ataque con granada en Buenaventura que dejó siete heridos; ese mismo año, autoridades lo relacionaron con el carro bomba frente al Palacio de Justicia de Cali, que dejó cuatro muertos. En 2010, organismos de inteligencia señalaron como hipótesis su participación en el carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá.
El Frente 42 Manuel Cepeda Vargas, por su parte, operó en Cundinamarca y el centro del país. Fue señalado por secuestro, extorsión y narcotráfico como fuentes de financiación. En Quipile, según registros periodísticos, guerrilleros del Frente 42 atacaron la estación de Policía, destruyeron una torre de Telecom y saquearon el Banco Agrario, dejando civiles heridos. No estamos ante homenajes inocentes. Estamos ante estructuras armadas que usaron su nombre como símbolo para bautizar secuestros, explosivos, ataques urbanos, extorsión y control territorial.
Iván Cepeda se desligó públicamente de esas estructuras. En 2008 escribió que había condenado “el secuestro convertido en industria de comercio con seres humanos” y también las acciones del “mal llamado frente Manuel Cepeda”, que habían costado vidas de civiles en atentados dinamiteros. Ese deslinde importa. Pero llegó cuando esos frentes ya cargaban un inventario de atrocidades. La condena posterior no borra la apropiación simbólica anterior. Y la apropiación simbólica no prueba membresía orgánica de Iván Cepeda. Prueba algo distinto: que para las FARC, los Cepeda Castro no eran ajenos, sino propios de su mitología política.
Entre el hogar Cepeda-Castro y el universo histórico de las FARC no aparece una foto suelta ni una anécdota juvenil. Aparece una vida entera de cruces: origen, memoria, símbolos, comandantes, negociación, defensa política, justicia transicional y respaldo electoral. Un matrimonio político indisoluble, no porque exista prueba de obediencia clandestina, sino porque los hechos vuelven una y otra vez al mismo lugar.
Ese matrimonio histórico no empieza con La Habana. Viene de más atrás. El hogar Cepeda-Castro pertenecía al mismo circuito político donde se movían el Partido Comunista, la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, Voz Proletaria, Casa Verde y los cuadros que terminaron mandando en las FARC. Alfonso Cano venía de la Juventud Comunista. Iván Márquez hizo política en la Unión Patriótica, fue concejal, diputado suplente y representante a la Cámara antes de regresar a la clandestinidad. Jesús Santrich también pasó por la Juventud Comunista y la UP antes de incorporarse a las FARC. Pastor Alape también venía de la Juventud Comunista JUCO antes de ingresar a la guerrilla. No eran mundos separados. Eran vasos comunicantes de una misma izquierda revolucionaria, con unos en la legalidad, otros en la clandestinidad, otros en el monte y otros entrando y saliendo del lenguaje de la paz.
Esa precisión importa porque, décadas después, los nombres reaparecen. Cano, con quien Cepeda dice haber discutido en Casa Verde. Raúl Reyes, vocero de la combinación de todas las formas de lucha. Márquez, político de la UP, comandante, negociador en La Habana y luego jefe rearmado. Santrich, militante comunista, comandante FARC, congresista del Acuerdo y después rostro de la Segunda Marquetalia. Pastor Alape, exsecretariado y dirigente de Comunes. Timochenko, último comandante de las FARC, sancionado por la política de secuestro, hoy pidiendo apoyar a Cepeda sin ambages. El lector no está ante coincidencias dispersas. Está ante una cadena en la que el mismo entramado cambia de ropa: partido, frente, mesa, curul, justicia transicional, disidencia, candidatura.
Luego vino el Cepeda adulto. El senador. El dirigente que hizo de los falsos positivos, el paramilitarismo, la Unión Patriótica y la persecución estatal el centro de su activismo político y judicial. Esa causa tiene hechos reales. Pero al mismo tiempo, su vida pública lo llevó a ser facilitador de procesos con FARC, con ELN y hasta con el Clan del Golfo, según su propio perfil oficial en el Senado.
Ese dato es decisivo. Cepeda no fue un comentarista externo de la paz. Fue parte del andamiaje político que convirtió guerrillas y estructuras criminales en contraparte del Estado. Facilitó el proceso con las FARC entre 2012 y 2016. Participó en diálogos con el ELN. También aparece como facilitador de un proceso de sometimiento con el Clan del Golfo. No hablamos de una cercanía accidental. Hablamos de una trayectoria.
El secuestro es clave para entender esa trayectoria. Para las FARC no fue solo un delito: fue instrumento político. Sirvió para financiarse, presionar canjes, doblegar familias, castigar empresarios, humillar al Estado y llevar a gobiernos a negociar bajo chantaje. Cepeda ha condenado el secuestro de forma conveniente. Pero su activismo más persistente no fue construir una causa nacional alrededor de los secuestrados por las FARC, sino defender la salida política, las garantías de la JEP, la implementación del Acuerdo y la tesis del entrampamiento cuando Santrich quedó en el centro del caso más explosivo del posacuerdo. ¿Le preocupaban las víctimas, o su gestión estuvo alineada con la estrategia de la paz como táctica para la toma del poder?
Santrich fue la bisagra que mostró que la vieja red no había terminado; solo había cambiado de escenario. Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, no apareció de la nada en La Habana. Venía del mismo corredor político que cruzó Juventud Comunista, Unión Patriótica, FARC y negociación. Iván Márquez tampoco era un recién llegado: hizo política en la Unión Patriótica, fue congresista, volvió a la clandestinidad, llegó a comandante y terminó como jefe negociador de las FARC. Esos nombres pertenecen al mismo entramado histórico que había rodeado al hogar Cepeda-Castro desde sus orígenes: comunismo legal, UP, Casa Verde, comandantes guerrilleros, paz negociada y retorno permanente de los mismos símbolos.
En 2018 Santrich fue capturado por solicitud de Estados Unidos, acusado de conspirar para enviar cocaína después de la firma de la paz. Cepeda defendió con fuerza la tesis del entrampamiento, cuestionó a la Fiscalía y al fiscal Néstor Humberto Martínez, y defendió garantías para la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP aplicó la garantía de no extradición y ordenó su libertad inmediata; después, la Corte Suprema tuvo incidencia en su salida por razones de fuero. Cepeda no ordenó ni produjo jurídicamente esa liberación, pero sí quedó asociado públicamente a su defensa política y al acompañamiento posterior de Santrich. Luego Santrich desapareció y reapareció armado junto a Iván Márquez en la Segunda Marquetalia.
Márquez tampoco era un guerrillero de base. Fue jefe negociador de las FARC en La Habana. Firmó la paz, recibió legitimidad política y luego volvió a la guerra. Junto a ellos aparecieron Romaña, El Paisa y otros nombres de una vieja maquinaria de secuestro, guerra y control territorial.
Cepeda no justificó expresamente el rearme. Pero aun después del rearme, su línea siguió privilegiando la salida política y el tratamiento negociado. Esa es la incomodidad histórica: incluso cuando antiguos jefes de las FARC firmaron, recibieron beneficios, obtuvieron legitimidad política y volvieron a las armas, el reflejo siguió siendo abrirles una puerta de diálogo eterno e incondicional.
La Paz Total y la pregunta presidencial
La Paz Total llevó esa lógica al centro del Estado. La Ley 2272 de 2022 la definió como política de Estado y permitió negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley y acercamientos o sometimientos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. También contempló suspensión de órdenes de captura para representantes y voceros durante los procesos. En palabras simples: el Estado abrió mesas simultáneas con guerrillas, disidencias y estructuras criminales que seguían teniendo capacidad de secuestrar, reclutar, extorsionar y controlar territorio.
La Silla Vacía llamó a Cepeda “el arquitecto de la Paz Total”. Esa etiqueta no lo absuelve; lo ubica. No hablamos de un senador opinando desde la gradería. Estamos hablando de uno de los dirigentes que más empujó la idea de convertir en política de Estado la negociación con guerrillas, exguerrillas, disidencias, estructuras criminales y mandos armados. Si la Paz Total fracasó en los territorios, la pregunta por su cuota política no desaparece detrás de un titular amable.
La Paz Total no debe medirse por su retórica. Debe medirse por el territorio: quién manda, quién recluta, quién cobra, quién secuestra, quién siembra coca y quién termina sentado con el Estado. Reuters reportó que grupos armados ilegales crecieron durante el gobierno Petro, y análisis de seguridad han advertido que algunos grupos aprovecharon ceses, negociaciones y vacíos de control para expandirse. La coca también llegó a cifras récord.
Mientras tanto, Rodrigo Londoño, Timochenko, último comandante de las FARC y miembro de una cúpula sancionada por secuestros, pidió apoyar a Iván Cepeda “sin ambages y con entusiasmo”. Ese respaldo no prueba subordinación. Pero en política los respaldos no son inocentes. El último jefe de una guerrilla responsable de secuestros, reclutamiento infantil y crímenes de lesa humanidad vio en Cepeda una candidatura que debía ser apoyada sin reservas.
La carta de Timochenko no fue un saludo protocolario. Fue una señal de alineamiento político, a pesar de criticar improvisaciones de Petro, buscando desligarse del fracaso de la Paz Total, pidió cerrar filas alrededor de Cepeda. También recordó que, desde la montaña, supo que Cepeda se había deslindado de la vía armada. Ese dato no debilita la tesis. La afila. Timochenko no presenta a Cepeda como guerrillero. Lo presenta como un civil que terminó siendo útil, confiable o afín al mundo político nacido en un ecosistema del cual surgieron simultáneamente tanto el hogar Cepeda Castro como los fundadores de las FARC. Para una estrategia que siempre combinó armas y política, eso puede ser más importante que haberse puesto el uniforme.
Del Rearme a la Barbarie
El círculo se cierra con Miguel Uribe Turbay. No por metáfora: por sangre. Miguel Uribe era senador, opositor y precandidato presidencial. Fue atacado durante un acto político en Bogotá y murió después de semanas hospitalizado. La Fiscalía señaló a mandos de la Segunda Marquetalia por el magnicidio. Ese dato cambia la elección: la paz que prometía cerrar la guerra dejó una rama rearmada en el expediente de un asesinato político.
La Segunda Marquetalia no es una sigla para especialistas. Es el regreso armado de Iván Márquez, antiguo dirigente de la Unión Patriótica, comandante FARC y jefe negociador en La Habana; de Santrich, militante comunista, comandante, congresista del Acuerdo y luego rearmado; y de Romaña y El Paisa, nombres asociados a la vieja maquinaria de guerra. Esa estructura no nació por fuera de la historia que venimos contando. Nació dentro de ella. Los mismos vasos comunicantes —comunismo legal, UP, FARC, negociación, beneficios, curules, justicia transicional y rearme— llegan hasta el expediente de Miguel Uribe. Lo que empezó como combinación de todas las formas de lucha terminó, décadas después, con una estructura rearmada de antiguos jefes de paz señalada por la Fiscalía en el magnicidio de un opositor presidencial.
Petro completa la escena. No como determinador probado del crimen, sino como presidente que convirtió símbolos de guerra en lenguaje de poder. Petro viene del M-19, la guerrilla que robó la espada de Bolívar en 1974 y protagonizó en 1985 la toma del Palacio de Justicia, un asalto que terminó en rehenes, incendio, muerte de magistrados y civiles, desaparecidos y graves responsabilidades tanto del comando guerrillero como del Estado durante la retoma. Petro entró a la política tras la desmovilización. Como presidente, llevó esa espada al centro de su liturgia política. El 1 de mayo de 2025, en la Plaza de Bolívar, volvió a levantar símbolos de combate: la espada y la bandera rojo, blanco y negro asociada a la Guerra a Muerte. En su propio discurso, Petro dijo que esa bandera había sido llamada por Bolívar “la bandera de la guerra a muerte” y la definió como “libertad o muerte”.
La Guerra a Muerte no es un adorno patriótico. En la independencia fue una doctrina extrema: el enemigo político convertido en enemigo absoluto. Bajo esa lógica, quien no estaba con la causa quedaba bajo amenaza de exterminio. No era un símbolo de convivencia. Era un símbolo de guerra sin neutralidad, una amenaza de muerte directa para eliminar al oponente. Por eso importa que Petro lo haya llevado al centro de su puesta en escena. En política, los símbolos no son decoración: son lenguaje. Y en la guerra, la simbología se usa para marcar campo, enemigo, lealtad y amenaza.
Dos días antes del atentado contra Miguel Uribe, Petro volvió a cargarlo con el pasado de su abuelo Julio César Turbay y con la supuesta tortura de miles de colombianos. La defensa de Uribe denunció ante la Comisión de Acusación un dosier de más de 43 publicaciones de Petro que, según su Tesis,construyeron unclima de hostigamientopolítico.Eso no prueba que Petro ordenara, causara o instigara el crimen. Pero sí prueba algo suficientemente grave para una democracia: el jefe de Estado usó su megáfono para convertir a un opositor en heredero simbólico de crímenes históricos no probados,con los que nada tuvo que ver, y ese opositor terminó baleado en campaña.
Después Petro condenó el atentado. El matiz debe quedar. Pero el hecho político también: en la misma elección en que Cepeda encarna la continuidad de la Paz Total, Timochenko pide apoyarlo sin ambages; la Segunda Marquetalia aparece en el expediente de Miguel Uribe; y Petro, exmilitante del M-19, gobierna con símbolos de espada, pueblo movilizado y Guerra a Muerte.
No se trata de probar que Iván Cepeda pertenezca orgánicamente a las FARC. Esa afirmación exigiría otra clase de prueba. Se trata de algo más grave para el votante: mirar si su candidatura representa la llegada electoral de una estrategia que Colombia nunca derrotó del todo. Armas convertidas en negociación. Coca convertida en financiación. Secuestro convertido en presión. Negociación convertida en curules. Curules convertidas en legitimidad. Legitimidad convertida en candidatura. Criminales convertidos en contraparte. Secuestradores convertidos en firmantes. Rearmados y reincidentes convertidos otra vez en sujetos de tratamiento político, un círculo vicioso de nunca acabar.
La nación tiene derecho a saberlo. Los colombianos de hoy y los de mañana también. Porque una democracia puede perdonar jurídicamente. Puede reincorporar. Puede negociar. Puede incluso sentar criminales a hablar. Lo que no puede hacer es perder la memoria hasta llamar paz a la victoria política de quienes hicieron de la violencia su camino al poder.
La pregunta final no es si Cepeda tiene un carné clandestino. Esa sería la forma fácil de perder el punto.
La pregunta es más dura: si Colombia está ante una paz que somete criminales al Estado, o ante la victoria política de una Guerra Total que aprendió a negociar, sembrar coca, cobrar con fusil, recibir curules, rearmarse cuando le conviene y regresar al poder disfrazada de paz.