Un grupo de abogados venezolanos radicados en el exilio presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud formal para que se inicie una
Un grupo de abogados venezolanos radicados en el exilio presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud formal para que se inicie una investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura. El pedido fue introducido el 4 de enero, un día después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Venezuela y trasladados a territorio estadounidense.
La petición legal se basa en el Estatuto Federal contra la Tortura del Título 18 del Código de Estados Unidos (18 U.S.C. § 2340A), una normativa que puede aplicarse a personas que se encuentren en territorio estadounidense aunque los hechos se hayan cometido fuera del país. Según esa legislación, el delito de tortura puede acarrear hasta 20 años de prisión, mientras que si de los actos resulta la muerte de una víctima, las penas pueden incluir cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Jurisdicción y antecedentes legales
Los abogados, liderados por Kelvi Zambrano y otros juristas que representan a comunidades venezolanas en el exilio, argumentan que la presencia de Maduro en Estados Unidos activa la jurisdicción del estatuto federal referido. En contraste con procesos que exigieron demostrar una política sistemática de represión —como ocurre en otros sistemas—, el estatuto estadounidense establece que basta con la existencia de una sola víctima para que se evalúe la apertura de una investigación.
La solicitud se plantea de forma independiente al caso que ya cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta cargos por presunto narcotráfico. En este nuevo planteamiento los abogados sostienen que se requiere una investigación separada, que solo puede iniciar el fiscal federal con amplio margen de discreción.
Implicaciones potenciales
Si la investigación avanza y se presentan cargos por tortura, el caso podría transformarse en uno de los procesos penales más severos contra un exjefe de Estado en la historia reciente bajo jurisdicción estadounidense. Además, esta iniciativa se superpone a otras solicitudes internacionales, como la solicitud de extradición de Argentina para procesar a Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Para los abogados que promovieron la petición, la iniciativa no es un ejercicio simbólico. Ellos argumentan que la documentación existente de organismos internacionales —como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos informes sobre detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas en Venezuela— respalda la necesidad de una investigación formal bajo los estándares del derecho estadounidense.
Balance institucional y legal
La decisión final sobre si se abre una investigación recae en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no está obligado a aceptar la solicitud y puede tardar meses en responder. No existe un plazo definido en la legislación para iniciar estos procesos, y su apertura dependerá de la valoración de pruebas y criterios del fiscal federal.
Más allá de los aspectos estrictamente jurídicos, el caso subraya cómo la llegada de Maduro a territorio estadounidense ha reconfigurado escenarios legales que, de otro modo, habrían sido difíciles de activar. La petición de los abogados venezolanos combina aspectos de jurisdicción universal, mecanismos suplementarios del derecho penal internacional y la posibilidad de aplicar normas domésticas con alcance extraterritorial.