La Corte Constitucional declaró exequible la ley que reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos en La Guajira.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la ley que reconoce al río Ranchería, su cuenca y sus afluentes en La Guajira como una entidad viva y sujeto de derechos para su conservación, restauración y mantenimiento, según informó Semana · Nación. La decisión tuvo ponencia del magistrado Héctor Caravajal y fue presidida por Paola Meneses. La Corte rechazó dos cargos de inconstitucionalidad presentados en una demanda, relacionados con el procedimiento legislativo y con la consulta previa. La providencia hace parte del Comunicado 33 de la Sala Plena, con cuatro decisiones adoptadas el 28 de octubre.
Sobre el trámite legislativo, los accionantes alegaron que la Plenaria de la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de procedimiento al acoger el texto aprobado por el Senado mediante proposición extraordinaria, omitiendo el debate sobre el texto emitido por la Comisión Quinta de la Cámara. La Corte consideró que la Plenaria estaba facultada para acoger el texto del Senado, que los representantes conocían ese documento y que tuvieron la oportunidad de deliberar sobre la consecutividad del trámite. En cuanto a la consulta previa, el fallo precisó que la declaratoria del río no altera los derechos territoriales, la autonomía ni las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan La Guajira.
La decisión fue respaldada por ocho votos, pero se registraron aclaraciones de voto de los magistrados Carlos Camargo, Lina María Escobar, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Ibáñez Najar consideró que hubo deficiencias en el debate parlamentario y que la norma sí afecta el territorio ancestral, por lo que, a su juicio, requería consulta previa; aun así, respaldó la exequibilidad. Camargo indicó que la ley es exequible, pero que su ejecución exigiría medidas concretas para una consulta previa rigurosa, y reiteró la posibilidad de expedir una ley que regule este tipo de mecanismos. Con la declaratoria se busca garantizar el acceso al agua y la justicia ambiental en el departamento.
Foto: Martha C. Uribe.