Editorial de Acento: la DNI del gobierno Petro pidió a la Registraduría el censo electoral completo dos meses antes de la primera vuelta. ¿Quién dio la orden?
Tanto advertimos que Petro iba a manipular las elecciones y ahora las pruebas están sobre la mesa.
El 9 de abril de 2026, a dos meses de la primera vuelta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del gobierno de Gustavo Petro le mandó una carta a la Registraduría. El asunto pone los pelos de punta: «Envío de información de contrainteligencia». Lo que pedía no era un informe de amenazas. Pedía el censo electoral completo, en un archivo plano: cédula, género, edad, grupo poblacional y puesto de votación de cada colombiano habilitado para votar.
La firma, según los documentos revelados esta semana, es la de René Guarín, entonces director encargado de la DNI. La justificación cabe en una línea: «Requerimiento técnico: para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis». ¿Análisis de qué? ¿Para qué quería la inteligencia del Estado saber dónde vota cada ciudadano, a semanas de una elección presidencial?

El cucho tenía razón
La Registraduría del registrador Hernán Penagos dijo no. La misma entidad que el petrismo cuestionó una y otra vez, a la que acusaron de todo, fue la que cerró la puerta. Esa negativa es la razón por la que hoy contamos esta historia como un intento y no como un hecho consumado.
No era una exageración. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que entregar ese nivel de detalle a un tercero «puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, a la compra de votos» o a presiones sobre los ciudadanos. Y dejó la pregunta que nadie del gobierno anterior ha contestado: «¿Qué tipo de operativo o qué operación requería tener todo el censo electoral de los ciudadanos?». El exregistrador Juan Carlos Galindo fue más corto: «Nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido».
¿Y después del no?
Los mismos documentos describen que, tras la negativa, se habría activado un «plan B» para atacar el sistema electoral de la Registraduría, con una red que señalan liderada por el hacker Carlos Oyola, hoy en la cárcel por orden de un juez de Bogotá. La Registraduría ha informado de 71 denuncias por ataques cibernéticos desde marzo y de 109 millones de ataques a su página entre primera y segunda vuelta. Ninguno logró tocar el sistema electoral.

Lo advertimos
Durante meses, el entonces presidente sembró dudas sobre el software, sobre el conteo y sobre la Registraduría. Quienes dijimos que ese discurso preparaba el terreno para desconocer o intervenir las elecciones fuimos tildados de alarmistas. Hoy hay una carta, una firma, una fecha y un asunto que dice «contrainteligencia».
¿Quién dio la orden?
Una carta no prueba por sí sola que el expresidente Petro la haya ordenado ni que se haya alterado un solo voto. Guarín, Petro y quienes dirigían la DNI tienen derecho a explicarse y a la presunción de inocencia. Pero cuesta creer que un director encargado de inteligencia decida, por su cuenta, pedir los datos de millones de votantes en plena campaña presidencial.
Por eso la pregunta no es retórica. La Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Inteligencia del Congreso tienen que responder quién ordenó esa solicitud, qué pensaban hacer con los datos, qué pasó después de la negativa y si hubo otros caminos para conseguirlos. La democracia colombiana resistió. Ahora merece la verdad.

Redacción Acento