Colombia no está ante una crisis institucional. Está ante la prueba de que sus instituciones funcionan. Conviene distinguirlo, porque el ruido de estos días sug
Colombia no está ante una crisis institucional. Está ante la prueba de que sus instituciones funcionan. Conviene distinguirlo, porque el ruido de estos días sugiere lo contrario.
El presidente saliente ha construido, en 36 días, una arquitectura de desconocimiento:
una teoría de fraude que muta cada semana —casillas del E-14, software, un servidor en Los Ángeles, algoritmos extranjeros—, una demanda que pide suspender la posesión del 7 de agosto y una movilización convocada para el día en que se instala el nuevo Congreso. Ninguna versión ha venido acompañada de un informe forense público.
Frente a ella hay un dato que no ha cambiado: el escrutinio a cargo de jueces coincidió en 99,997% con el preconteo, con el aval de la misión de la Unión Europea y del Centro Carter.
Pero lo decisivo no es el pulso político. Es lo que la Constitución ya dejó escrito.
El artículo 190 fija el periodo presidencial en cuatro años exactos. El mandato de Gustavo Petro expira el 6 de agosto a la medianoche, de pleno derecho: no requiere ceremonia, ni firma, ni voluntad. A las 00:00 del 7 de agosto dejará de ser presidente, esté donde esté y diga lo que diga.
El artículo 192 cierra el otro flanco: si “por cualquier motivo” el presidente electo no puede posesionarse ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en su defecto, ante dos testigos. Ningún bloqueo impide la sucesión. Y desde ese instante, la Fuerza Pública obedece a un solo comandante supremo: el nuevo jefe de Estado. Quien pretendiera ejercer el poder sin investidura no provocaría una crisis de títulos, sino un delito: usurpación de funciones públicas, que las autoridades estarían obligadas a enfrentar.
Esa es la fortaleza silenciosa del orden constitucional colombiano: no necesita que el poderoso coopere. Solo necesita que el reloj avance.
El país puede discutirlo todo, menos la hora. El 7 de agosto habrá un solo presidente. Lo dice la Constitución. Y en Colombia, todavía, eso basta.