La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional alertó sobre un deterioro económico inminente en Colombia. Señaló riesgos en el sector energético y cues
La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial alertó sobre un deterioro económico inminente en Colombia. Señaló riesgos en el sector energético y cuestionó la falta de decisiones estructurales.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, aseguró que Colombia se encuentra a menos de 10 días de enfrentar un deterioro económico. La advertencia se produce en medio de tensiones en el sector energético y nuevas discusiones sobre política fiscal.
La directiva, en un análisis publicado a través de su cuenta de X, señaló que el escenario podría agravarse si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, implementado en el Decreto Legislativo 173 de 2026. “Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes”, afirmó.
Cifras que sustentan la alerta
De acuerdo con el documento oficial, el decreto establece que todas las empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT —equivalentes a cerca de $10.474 millones, tomando como referencia una UVT de aproximadamente $52.370— deberán pagar una tarifa general del 0,5% sobre dicho patrimonio.
Además, se fijó una tarifa diferencial del 1,6% para el sector financiero y para las empresas de extracción de carbón y petróleo. Según Gutiérrez, estas cargas se suman a un contexto de obligaciones acumuladas en el sector energético que ya superan varios billones de pesos.
En ese entorno, la dirigente gremial advirtió que la combinación de presión fiscal y falta de liquidez puede comprometer la operación de empresas clave para el funcionamiento del sistema económico.
Contexto: el papel del sector energético y fiscal
El sector energético ha sido uno de los principales soportes de la economía colombiana. Su estabilidad impacta directamente la actividad productiva, el empleo y la confianza de inversionistas.
Sin embargo, las tensiones actuales no solo responden a factores operativos, sino también a decisiones fiscales que, según el sector gremial, generan incertidumbre. Gutiérrez insistió en la necesidad de adoptar medidas con sustento técnico que permitan garantizar sostenibilidad en el mediano plazo.
Actores y posiciones
Las declaraciones se suman a las advertencias de distintos gremios empresariales que han manifestado preocupación por el entorno económico. Mientras el Gobierno defiende sus decisiones como necesarias para atender compromisos fiscales, el sector privado insiste en los efectos que estas medidas pueden tener sobre la inversión y el empleo.
Consecuencias y análisis
Los gremios empresariales alertan que el impacto inmediato del impuesto será triple: agotará la capacidad de caja al exigir liquidez en el corto plazo, incentivará el endeudamiento para cumplir con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y paralizará proyectos de inversión fundamentales para la economía.
Según la presidenta del Consejo Gremial Nacional, miles de empresas ya han debido adquirir créditos costosos o suspender nuevas contrataciones. A esto se suma el contexto fiscal del país: el déficit primario en 2025 alcanzó el 3,5% del PIB y, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en 2026 el faltante podría llegar a 32,1 billones de pesos.
El escenario descrito plantea un riesgo de impacto sistémico si no se adoptan medidas en el corto plazo, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
La advertencia reabre el debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y crecimiento económico, en un momento en el que las decisiones de política pública serán determinantes para la estabilidad del país.