Colpensiones advierte retos técnicos y de interoperabilidad, mientras MinHacienda alerta por un impacto fiscal no presupuestado de $5 billones para 2027.
BOGOTÁ. El cronograma para la implementación de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) enfrenta una seria encrucijada institucional. Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República han radicado solicitudes formales ante la Corte Constitucional para modificar, aclarar y aplazar los términos de entrada en vigencia del nuevo modelo, fijados preliminarmente para el 1.º de abril de 2027 mediante la Sentencia C-264 de 2026.
La administradora estatal pensional solicitó formalmente extender la fecha de inicio hasta el 1.º de abril de 2028, argumentando que el plazo otorgado resulta materialmente insuficiente para estructurar una transición operativa "ordenada, integral y segura" que no ponga en riesgo el pago de las mesadas ni los derechos fundamentales de los afiliados.
Colpensiones califica la transición de "reto titánico" y advierte riesgos operativos
En el escrito presentado ante el alto tribunal, Colpensiones aclaró que acata plenamente el fallo que declaró la exequibilidad de la norma, pero solicitó una modificación excepcional en sus efectos temporales. La entidad enfatizó que la homologación de historias laborales, la integración de bases de datos y la estructuración del flujo de traslados entre el régimen público y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas requieren un despliegue tecnológico sin antecedentes.
Entre las principales alertas expresadas por Colpensiones ante la Corte destacan:
Interoperabilidad tecnológica: Necesidad de articular en tiempo real las plataformas del Ministerio de Hacienda, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), Colpensiones y los fondos privados de Asofondos.
Riesgo de inoperancia y retrasos: Un arranque prematuro sin la infraestructura lista podría colapsar el reconocimiento de prestaciones y demorar el pago a los pensionados.
Vacíos normativos en el Pilar Semicontributivo: La devolución de apartados clave del artículo 19 de la ley a la Cámara de Representantes por parte de la Corte deja temporalmente en el aire las reglas para la inversión de las cuentas individuales.
MinHacienda destapa un impacto fiscal no presupuestado de $5 billones
A la solicitud técnica de Colpensiones se sumó la actuación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministro Miguel Gómez Martínez promovió un incidente de impacto fiscal ante la magistrada ponente Paola Andrea Meneses Mosquera, advirtiendo severas restricciones de caja para el Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con las proyecciones de la cartera de Hacienda, la entrada en funcionamiento del pilar contributivo en abril de 2027 demandaría erogaciones adicionales cercanas a los $5 billones, recursos que no están contemplados en el marco fiscal ni en la proyección del PGN 2027.
Por su parte, el Banco de la República radicó una solicitud de aclaración jurídica para precisar el marco temporal y normativo que le permita iniciar las contrataciones, inversiones y adecuaciones logísticas requeridas para la estructuración y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Búsqueda de garantías para los ahorradores
Frente a este escenario de complejidad técnica, económica y regulatoria, las instituciones del Estado le han pedido a la Corte Constitucional fijar un plazo razonable y de concertación institucional entre Hacienda, el Ministerio del Trabajo, Asofondos y Colpensiones.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y los órganos competentes se mantienen a la espera de la determinación del máximo tribunal constitucional, en aras de garantizar que la transición hacia el nuevo esquema garantice la estabilidad de las finanzas públicas y el rigor técnico que requiere el sistema pensional colombiano.