El Gobierno firmó la noche del jueves siete nuevos decretos antes de que venciera la emergencia económica declarada en febrero. Las medidas amplían impuestos, a
El Gobierno firmó la noche del jueves siete nuevos decretos antes de que venciera la emergencia económica declarada en febrero. Las medidas amplían impuestos, abren una amnistía fiscal con riesgos de lavado de activos y otorgan poderes tributarios a gobernadores. La pregunta que nadie responde: ¿alcanza el dinero, o el desastre es el pretexto?
El reloj tenía una fecha límite. La emergencia económica declarada el 11 de febrero por las inundaciones que afectan a ocho departamentos del país vencía este viernes. Febrero tuvo 28 días. Y la noche del jueves, con las horas contadas, el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros firmaron siete decretos que amplían el paquete tributario original y redefinen, de paso, qué significa gobernar en estado de excepción.
La justificación oficial es clara: los 8 billones de pesos estimados inicialmente como recaudo no son suficientes para atender a los damnificados de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Pero lo que contienen los decretos va bastante más allá de una operación humanitaria.
Lo que cambia con los nuevos decretos
El primero y más relevante extiende el impuesto al patrimonio a empresas internacionales con sucursales en Colombia cuyos activos superen las 200.000 UVT —equivalente a patrimonios de más de 10.400 millones de pesos. En el mismo instrumento, el Gobierno revive el IVA del 16% a los juegos de suerte y azar en internet, una figura que había sido desmontada y que ahora regresa vía decreto de excepción, no por debate legislativo.
Un segundo decreto establece una amnistía tributaria para contribuyentes morosos con la DIAN: rebajas en sanciones e intereses a cambio de ponerse al día. La norma también abre la posibilidad de legalizar bienes que no habían sido declarados previamente. Aquí está el punto que más incomoda a los expertos: exdirectores de la DIAN han advertido que este tipo de mecanismos puede facilitar procesos de lavado de activos. El Gobierno no ha respondido ese señalamiento con precisión técnica.
Los decretos restantes regulan la devolución de IVA a misiones diplomáticas, otorgan facultades a gobernadores y alcaldes para crear tributos locales o reasignar presupuesto, y ordenan a las empresas de gas y energía mantener el servicio a los damnificados bajo vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Lo que está en juego
Tres lecturas simultáneas.
La primera es humanitaria: las inundaciones son reales. Ocho departamentos afectados, miles de familias sin hogar, infraestructura destruida. Cualquier gobierno necesitaría recursos extraordinarios y flexibilidad operativa para responder.
La segunda es fiscal: el Gobierno de Petro lleva más de tres años intentando aumentar la carga tributaria sobre el capital y las empresas por la vía legislativa con resultados parciales. La emergencia económica le permite hacer por decreto lo que el Congreso no le ha aprobado de manera plena. El IVA a los juegos en línea y la extensión del impuesto al patrimonio a empresas extranjeras son medidas con efecto permanente, no transitorio.
La tercera es institucional: firmar siete decretos en las últimas horas antes del vencimiento de una emergencia, sin debate público y con una amnistía que preocupa a los expertos en lavado de activos, es una forma de legislar que debilita los controles democráticos independientemente de la urgencia que lo motiva.
El antecedente que importa
Colombia ya vivió una dinámica similar durante la pandemia de 2020, cuando el estado de emergencia sanitaria fue utilizado para adoptar medidas económicas de largo alcance. La Corte Constitucional anuló varias de ellas por considerar que excedían la conexidad con la emergencia declarada. El mismo examen le espera a estos siete decretos.
La diferencia es que hoy el país está a 79 días de las elecciones presidenciales. Y en ese contexto, cada decreto tiene también una lectura política que no conviene ignorar.