Gobierno De la Espriella radica en el Congreso proyecto de Ley de Rescate Económico: recorte de gasto, reorganización del Estado y nuevos impuestos al alcohol.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella radicó en el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, que busca reducir el gasto público, mejorar los ingresos de la Nación y estabilizar las finanzas públicas. Según informó Bloomberg Línea · Colombia, la iniciativa fue presentada por el Ministerio de Hacienda e incluye cambios en la administración estatal, en la financiación de la seguridad social y en el sistema tributario. El texto también plantea fortalecer los controles contra la evasión y el contrabando.
Uno de los ejes es la reorganización del Estado. El proyecto pide facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, modificar entidades y reasignar funciones. Estas facultades también permitirían modificar plantas de personal, suprimir empleos y vacantes y centralizar servicios administrativos compartidos. Los cambios deberían sustentarse en criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal, y respetar los derechos laborales.
En austeridad, el proyecto establece que en 2027 los costos de contratación de personal para prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se reduzcan en 50% frente a la vigencia anterior. Entre 2027 y 2030, el crecimiento de los gastos de bienes y servicios no podría superar la variación anual del IPC del año anterior. Para 2028, los gastos de personal de las entidades públicas deberían decrecer nominalmente en 20%, sin incluir a la Fuerza Pública. En 2029 y 2030, no podrían crecer más de 0,5 puntos porcentuales por encima de la meta de inflación promedio. El Gobierno también propone un programa para enajenar activos estatales, que se transferirían a la Central de Inversiones S.A. (CISA). Los recursos netos irían al Presupuesto General de la Nación y, en las primeras cuatro vigencias, al menos 50% se usaría para pagar deuda.
En seguridad social, a partir de 2027 se exonerarían de aportes parafiscales al Sena y al ICBF, y de cotizaciones al régimen contributivo de salud, a las sociedades y personas jurídicas que cumplan las condiciones del texto. Los trabajadores dependientes pagarían una cotización a salud que subiría según el salario: de 4% para quienes ganen hasta un salario mínimo, hasta 8% para quienes reciban entre 20 y 25 salarios mínimos. Para licores, vinos y aperitivos, el proyecto fija una tarifa específica de $750 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos, más un componente ad valorem de 35%, actualizable anualmente con el IPC más cuatro puntos. El recaudo adicional por alcohol se destinaría a financiar el aseguramiento en salud.
Foto: Abelardo de la Espriella / Wikimedia Commons (CC0).