El acuerdo, suscrito este miércoles entre Asobancaria y el Ministerio de Hacienda, combina períodos de gracia sin intereses y una inyección crediticia sin prece
El acuerdo, suscrito este miércoles entre Asobancaria y el Ministerio de Hacienda, combina períodos de gracia sin intereses y una inyección crediticia sin precedentes en ocho departamentos afectados. Es también una señal política: el sector financiero eligió el diálogo sobre la confrontación.
Después de más de una docena de reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera, y con la participación directa del presidente de la República, Asobancaria suscribió este miércoles el acuerdo “Abrigo” —Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades—, que entra en vigencia a partir del jueves.
El programa se estructura en dos frentes. El primero es de alivio inmediato: los deudores inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) podrán solicitar períodos de gracia de hasta 12 meses sin causación ni cobro de intereses. Su calificación crediticia se mantiene intacta, no serán reportados negativamente en centrales de riesgo y los cobros jurídicos y prejudiciales quedan suspendidos de inmediato. La Superintendencia Financiera expedirá las instrucciones correspondientes y cada entidad deberá habilitar canales de atención desde el jueves.
El segundo frente apunta a la reactivación económica. El sector bancario se comprometió a desembolsar 2,1 millones de nuevos créditos durante los próximos 12 meses en los ocho departamentos afectados. Eso representa un crecimiento del 15% real frente a los 1,8 millones que se colocan habitualmente en esas zonas —es decir, 270.000 operaciones adicionales que no habrían ocurrido sin este acuerdo.
Los recursos se orientarán de manera preferente al sector productivo: turismo, agricultura e industria, donde la meta de crecimiento será de al menos el 20%. Cerca de 200.000 de esas operaciones vendrán respaldadas por instrumentos del Gobierno Nacional: 210.000 garantías del Fondo Nacional de Garantías con cobertura de hasta el 90%, además de líneas de redescuento de Bancóldex para 150.000 créditos productivos. Los créditos con mayor cobertura del FNG tendrán una tasa que no podrá superar IBR más 6 puntos porcentuales. Se habilitará también una línea específica para comunidades organizadas en esquemas cooperativos o asociativos.
Lo que el acuerdo revela más allá de las cifras
“Abrigo” llega en un contexto en el que la relación entre la banca privada y el Gobierno Petro ha oscilado entre la tensión y la negociación forzada. La amenaza de inversiones forzosas —mecanismo mediante el cual el Estado puede obligar a las entidades financieras a destinar recursos a sectores específicos— estuvo sobre la mesa durante meses. Este acuerdo, al menos por ahora, la desplaza.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, fue explícito al respecto: señaló que el acuerdo demuestra que el diálogo funciona y que en la misma mesa se construyen mejores soluciones que desde la imposición. La frase no es retórica: es una posición ante un modelo de política pública.
Para los tomadores de decisión empresarial y financiero, el mensaje es doble. Por un lado, el sector bancario demostró capacidad de respuesta ante una emergencia nacional sin que mediara coacción regulatoria. Por otro, el Gobierno obtuvo lo que buscaba —financiamiento productivo a tasas controladas para zonas vulnerables— sin activar un mecanismo que habría tensionado la confianza inversionista.
Qué viene
La implementación depende de dos variables críticas: la velocidad con que la Superintendencia Financiera emita instrucciones operativas a las entidades, y la capacidad real de los damnificados para acceder al RUD y activar los beneficios. La experiencia con programas similares en Colombia indica que el cuello de botella no suele estar en la oferta crediticia sino en la demanda: muchas familias afectadas por emergencias no bancarizadas o con historial crediticio deteriorado quedan por fuera del alcance de estos instrumentos aunque estén formalmente cobijadas.
Acento hará seguimiento a la ejecución de los 2,1 millones de créditos comprometidos. Las cifras, en este tipo de acuerdos, suelen ser más ambiciosas en el papel que en el desembolso.