Gobierno impone impuesto exprés al patrimonio empresarial en emergencia: bancos y sector de hidrocarburos asumirán la mayor carga
El Gobierno nacional anunció un nuevo esquema tributario en el marco de la declaratoria de emergencia económica tras la temporada de lluvias que afecta varias regiones del país. La medida central será un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con una tarifa diferencial más alta para el sector financiero y para las empresas de extracción de carbón y petróleo.
El anuncio fue hecho este 24 de febrero por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros. Según explicó, la decisión se adopta luego de que la Corte Constitucional suspendiera la primera declaratoria de emergencia. El nuevo decreto incorpora directrices ya planteadas, pero con modificaciones .
Un cambio en el foco del impuesto
En la primera emergencia, el Gobierno había trabajado un impuesto al patrimonio dirigido a personas naturales. En esta ocasión, el enfoque se traslada a las personas jurídicas.
“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, señaló el ministro, quien reconoció que esta decisión impacta directamente a sectores productivos, aunque indicó que no era la intención inicial con la que se habían concebido las medidas tributarias.
La base gravable será el patrimonio líquido —es decir, patrimonio menos deudas— y comenzarán a tributar las empresas con un patrimonio superior a 200 UVT, equivalentes a 10.474 millones de pesos .
Tarifas diferenciadas
El esquema establece dos niveles de tributación:
Tarifa general del 0,5 % para todas las empresas que superen el umbral de patrimonio líquido.
Tarifa del 1,6 % para el sector financiero y para las empresas dedicadas a la extracción de carbón y petróleo.
De acuerdo con lo explicado por el Ministerio, el 56 % de los recursos que se recauden por este impuesto provendrá precisamente de estos dos sectores con tarifa diferencial.
La decisión concentra la mayor carga en actividades que históricamente han tenido alta rentabilidad o relevancia fiscal, en un contexto donde el Gobierno requiere liquidez inmediata para atender daños en infraestructura y en el sector agrario.
Recaudo inmediato y plazos cortos
Al tratarse de una emergencia económica, el Ejecutivo busca que el recaudo sea rápido. El pago se dividirá en dos cuotas:
Primera cuota (50 %): 1 de abril de 2026.
Segunda cuota (50 %): 4 de mayo de 2026.
El ministro explicó que los recursos serán destinados a intervenciones de escala significativa tanto en materia agraria como en infraestructura, que requieren atención inmediata.
El calendario evidencia la urgencia fiscal del Gobierno: en menos de dos meses se espera recaudar la totalidad del nuevo tributo.
Inversiones forzosas y alivios crediticios
Además del impuesto al patrimonio, el Ministerio dejó sobre la mesa otros decretos pendientes, entre ellos el relacionado con inversiones forzosas.
Según lo expuesto, los bancos han propuesto establecer un periodo de gracia de hasta 12 meses para las deudas en las zonas afectadas por las lluvias, durante el cual no se causen intereses y se suspendan cobros ejecutivos y prejurídicos.
El Gobierno también ha planteado la reducción de tasas en líneas de crédito relacionadas con la economía popular .
Estas discusiones muestran que la respuesta a la emergencia no se limita al frente tributario, sino que incluye instrumentos financieros para aliviar la situación de los afectados.
Impacto en el sector financiero y energético
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que, ante las limitaciones fiscales, el nuevo esquema se centra en un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, a diferencia de la primera emergencia, que gravaba a personas naturales. pic.twitter.com/rQHkTABzsa
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026
La tarifa del 1,6 % para bancos y empresas de hidrocarburos implica una carga significativamente mayor frente al resto del sector empresarial. El diseño del tributo concentra más de la mitad del recaudo en estas actividades.
Para el sector financiero, el anuncio se da en un momento en el que también se discuten inversiones forzosas y mecanismos de apoyo crediticio. En el caso de las empresas de carbón y petróleo, el nuevo gravamen se suma a un entorno de debate constante sobre el papel del sector extractivo en las finanzas públicas.
El impuesto al patrimonio, por definición, grava el stock acumulado y no el flujo de utilidades. En contextos de emergencia, este tipo de tributo suele justificarse por su capacidad de generar ingresos en el corto plazo, aunque también puede incidir en decisiones de inversión y estructura de capital.
Una nueva fase de la emergencia
La suspensión de la primera declaratoria por parte de la Corte Constitucional obligó al Ejecutivo a rediseñar el instrumento. El nuevo decreto busca ajustarse a los reparos previos e introducir cambios en la arquitectura tributaria.
El Gobierno enfrenta ahora el desafío de ejecutar con rapidez los recursos que espera recaudar y demostrar que la destinación de estos fondos responde estrictamente a la atención de la emergencia climática.
La combinación de impuesto al patrimonio empresarial, discusión sobre inversiones forzosas y alivios crediticios configura un paquete de medidas que reconfigura temporalmente la relación entre Estado y sector productivo.
El debate que se abre no es solo fiscal. También es institucional: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en el marco de una emergencia económica y cómo se equilibra la necesidad de recursos inmediatos con la estabilidad de sectores clave de la economía.
En las próximas semanas, el foco estará en la reglamentación final de los decretos, la reacción de los sectores afectados y el seguimiento constitucional a las medidas adoptadas.