Gobierno expide decreto 0182 y redefine reglas del aseguramiento en salud
El Gobierno Nacional emitió el decreto 0182 del 25 de febrero, con el que introduce modificaciones al sistema de salud, particularmente en la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional. La norma impacta directamente la distribución de afiliados, la operación de las EPS y el papel de la Superintendencia Nacional de Salud.
El decreto, que adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y modifica varios artículos del Decreto 780 de 2016, establece nuevas reglas en materia de organización territorial del aseguramiento y condiciones para la prestación del servicio .
Traslado y redistribución de 6,6 millones de afiliados
Uno de los cambios centrales es la redistribución de 6,6 millones de afiliados de las EPS en distintos territorios del país .
La norma limita el número de EPS que pueden operar en determinados territorios según el volumen de habitantes y usuarios. En la práctica, esto podría implicar el traslado de afiliados desde entidades con menor cobertura hacia aquellas que cumplan con los nuevos criterios de operación.
El enfoque territorial y poblacional busca que la prestación del servicio se organice con base en el número efectivo de personas atendidas en cada zona, lo que incide directamente en la asignación de recursos.
Cambios en la prestación y sostenibilidad
El decreto introduce un criterio de medición por número de usuarios atendidos en cada territorio. Con base en ese indicador, se definirá la participación de cada prestador en la operación local.
Esto puede llevar a que algunas EPS deban retirarse de ciertos municipios si no alcanzan el volumen mínimo de afiliados requerido para sostener su operación. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia, la universalidad y la sostenibilidad del sistema, fortaleciendo la rectoría del Estado y la coordinación entre niveles de gestión .
Mayor rol de la Superintendencia de Salud
La norma ratifica que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud autorizar como EPS a entidades públicas, privadas o mixtas que cumplan los requisitos establecidos. También mantiene en cabeza de la entidad las funciones de inspección, vigilancia y control, así como la facultad de suspender o revocar autorizaciones mediante resolución motivada .
El decreto invoca el artículo 49 de la Constitución, que establece que la salud es un servicio público a cargo del Estado y que debe organizarse de forma descentralizada, por niveles de atención y con participación comunitaria . Con base en esa disposición, el Gobierno argumenta que tiene competencia para adoptar medidas de organización territorial sin necesidad de una norma reglamentaria adicional.
Un ajuste estructural en medio del debate
La expedición del decreto se da en un contexto de tensión alrededor del futuro del sistema de salud y de la reforma estructural que cursa en el Congreso.
Más allá de su alcance jurídico inmediato, el decreto introduce una reorganización práctica del aseguramiento en el país: redefine cuántas EPS pueden operar en cada territorio, bajo qué condiciones y con qué volumen de afiliados.
En adelante, el impacto de la norma dependerá de su implementación efectiva, de la capacidad de las EPS para adaptarse a los nuevos criterios y del seguimiento que ejerzan las autoridades de control sobre el proceso de redistribución de afiliados.