Gobierno electo de radica denuncias por presunta corrupción superior a los $370.000 millones

Por Redacción Acento

El equipo de empalme anticorrupción presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría hallazgos que involucran presuntos sobrecostos en el Ministerio de Def

Gobierno electo de radica denuncias por presunta corrupción superior a los $370.000 millones

A escasas horas de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella oficializó una nueva batería de denuncias ante los principales organismos de control e investigación del país. A través del denominado Empalme Anticorrupción, la administración saliente deja al descubierto un consolidado de presuntas irregularidades administrativas y fiscales que comprometen recursos públicos superiores a los $370.000 millones.

Las actuaciones judiciales y administrativas fueron formalmente radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por el jurista Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

"Continuaremos entregando a los organismos competentes todos los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede en la impunidad", comunicó oficialmente la Oficina de Prensa del mandatario electo.

1. Escándalo en el sector Defensa: Sistemas antidrones con sobrecostos y fallas técnicas

Uno de los capítulos más críticos expuestos en el expediente abarca el contrato firmado para la adquisición de 16 sistemas antidrones destinados a las Fuerzas Militares, gestionado a través del Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC).

De acuerdo con el análisis técnico y presupuestal del equipo de empalme, el contrato presentaría:

2. Contratación en la UNP: Desatención a órdenes judiciales

El informe radicado ante los organismos de control priorizó igualmente una actuación en la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones.

Según la denuncia, la entidad habría adelantado un procedimiento de contratación directa y la posterior adjudicación del contrato a pesar de que pesaba sobre el proceso de selección una orden judicial de suspensión dictada por la jurisdicción competente. La actuación buscaría establecer responsabilidades administrativas y penales por presunta violación a las decisiones judiciales y normas de contratación pública.

3. Presiones políticas e irregularidades en CENIT (Ecopetrol)

El tercer gran eje de las denuncias salpica a CENIT, la compañía filial de transporte y logística de Ecopetrol. El Grupo Élite aportó nuevos elementos probatorios en relación con un contrato de servicios jurídicos valorado en cerca de $23.000 millones.

Las evidencias entregadas señalan la existencia de presuntas presiones políticas para direccionar la adjudicación, la sugerencia directa de perfiles profesionales específicos al contratista por parte de altos funcionarios y la supuesta eliminación deliberada de los mecanismos de control, interventoría y seguimiento contractual.

Organismos de control evaluarán los hallazgos

Con estas tres denuncias principales como punta de lanza dentro del acumulado de los $370.000 millones, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría deberán asumir las indagaciones preliminares y aperturas formales de investigación disciplinaria, fiscal y penal a las que haya lugar contra los ordenadores del gasto y contratistas involucrados.

Este anuncio se da en vísperas del inicio del nuevo periodo gubernamental 2026-2030, en el que la administración entrante ha prometido mantener bajo auditoría rigurosa las ejecuciones presupuestales del periodo saliente.