Generadoras de energía deberán transferir 2 % adicional de sus ventas por decreto de emergencia
El Gobierno anunció una nueva carga para las empresas generadoras de energía en el marco de la emergencia económica declarada recientemente. Según lo explicado por la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, las compañías hidroeléctricas y térmicas que operan en determinadas cuencas del país deberán transferir un 2 % adicional de sus ventas brutas de energía durante seis meses.
La medida fue presentada tras un consejo de ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro en Cartagena y hace parte del paquete de decretos que busca obtener recursos para enfrentar la situación financiera asociada a la emergencia económica.
¿A quiénes aplica?
El anuncio está dirigido a las generadoras ubicadas u operando en cuencas de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Estas empresas deberán transferir el 2 % adicional sobre las ventas brutas de energía por generación propia durante un periodo de seis meses.
Los recursos serán recaudados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y solo podrán destinarse a medidas ambientales y de gestión del riesgo, de acuerdo con lo explicado por la ministra.
No es el mismo esquema anterior
En el anterior decreto de emergencia económica —que fue suspendido temporalmente por la Corte Constitucional— el Gobierno había contemplado impuestos dirigidos también al sector generador. Sin embargo, ante la imposibilidad de replicar exactamente las mismas medidas, el Ejecutivo optó por una figura distinta.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio que agrupa a las generadoras de energía, explicó que esta vez no se trata de un impuesto sobre utilidades, sino de una contribución asociada a la Ley 99 de 1993, relacionada con las transferencias del sector eléctrico al Sistema Nacional Ambiental (Sina).
Actualmente, las generadoras térmicas transfieren el 4 % y las hidráulicas el 6 % al Sina. Con la nueva disposición, pasarían al 6 % y al 8 %, respectivamente.
¿Subirá el precio de la energía?
La pregunta inmediata es si esta nueva carga terminará impactando la tarifa que pagan los usuarios.
Castañeda señaló que aún es prematuro establecer el efecto exacto sobre los precios, pues el gremio se encuentra evaluando el alcance de la medida . No obstante, reconoció que las empresas enfrentarán mayores costos, no solo por esta contribución adicional, sino también por el impuesto al patrimonio anunciado para personas jurídicas del sector minero-energético.
En el corto plazo, el traslado de costos no sería automático. El sector eléctrico opera bajo una regulación estricta y cerca del 80 % de la energía está contratada mediante acuerdos vigentes que, en muchos casos, se extienden hasta finales de año . Eso limita la posibilidad de modificar tarifas de manera inmediata.
Además, en el mercado spot o bolsa de energía, los precios deberían tender a la baja debido a los altos niveles de agua en los embalses, lo que favorece la generación hidráulica.
Sin embargo, en el mediano plazo el escenario puede ser distinto. Si los costos estructurales del sector aumentan de forma sostenida, esos mayores valores podrían incorporarse en futuras negociaciones contractuales o reflejarse en el comportamiento del precio en bolsa.
El anuncio genera más presión al sector eléctrico: la necesidad de recaudar recursos para fines públicos frente a la estabilidad de un sistema regulado que depende de señales claras para inversión y operación.
La medida es temporal —seis meses— y está justificada en el marco de una emergencia económica. El efecto real dependerá de tres factores: la reglamentación concreta del decreto, la evolución de los embalses y el comportamiento del mercado mayorista en los próximos meses.
Por ahora, no hay un aumento inmediato anunciado en las tarifas. Pero el sector energético vuelve a quedar en el centro del debate fiscal y ambiental del Gobierno, en un contexto donde las decisiones regulatorias tienen impactos que van más allá del corto plazo.