El Emisor advirtió que trasladar $25 billones de las AFP a Colpensiones excede las facultades del Gobierno mientras la reforma pensional siga sin fallo de la Co
El Emisor advirtió que trasladar $25 billones de las AFP a Colpensiones excede las facultades del Gobierno mientras la reforma pensional siga sin fallo de la Corte. El decreto del Ministerio de Trabajo abre un debate sobre los límites del poder reglamentario en medio de una crisis institucional sin precedentes.
Hay una tensión que el Gobierno Petro no ha logrado resolver y que esta semana quedó expuesta con inusual nitidez: la de querer operar una reforma que todavía no tiene certeza jurídica. El Banco de la República envió el 11 de marzo una carta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtiéndole que un borrador de decreto elaborado por su cartera —que ordenaría a los fondos privados de pensiones transferir a Colpensiones al menos $25 billones en ahorros individuales— no está contemplado en la ley vigente y excedería las facultades reglamentarias del Gobierno. 
La advertencia del Emisor es técnica en su forma, pero política en su fondo. En la práctica, la institución monetaria más independiente del país le dice al Gobierno que no puede actuar como si la reforma pensional ya estuviera en firme.
El problema central: una ley que existe pero no rige
La Ley 2381 de 2024 —la reforma pensional del Gobierno Petro— fue aprobada por el Congreso, pero su constitucionalidad lleva más de un año bajo análisis en la Corte Constitucional. El alto tribunal enfrenta más de 40 demandas que cuestionan tanto el procedimiento legislativo como el contenido material de la reforma.  Lo que en términos jurídicos se llama un “limbo”: la ley existe formalmente, pero su validez está en suspenso.
En ese contexto, el Ministerio de Trabajo publicó un borrador de decreto que pedía a las AFP girar a Colpensiones los recursos de quienes usaron la “ventana de oportunidad” —la posibilidad excepcional de trasladarse de régimen antes del 16 de julio de 2026—. Hasta el 31 de enero de este año, 119.619 personas han hecho uso de esta ventana, de las cuales al menos 22.472 ya están en edad de pensión.  Colpensiones alega que ya tuvo que desembolsar $15,3 billones para pagar las mesadas de esos jubilados sin haber recibido los recursos de los fondos privados.
La lógica del Gobierno es comprensible: si ya pagó pensiones, necesita los recursos.
El problema es que la ley no le da el mecanismo para forzar ese traslado anticipado. El Banco de la República fue explícito en señalar que los valores en las cuentas de ahorro individual de quienes hicieron uso de la ventana deben seguir siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión.  Trasladarlos antes, sin ese hecho que lo justifique, es una operación que la norma vigente —no la reforma en disputa, sino la Ley 100 que todavía rige— no autoriza.
Una Corte paralizada, un Gobierno que actúa como si no
El trasfondo de este episodio es la parálisis judicial que atraviesa la reforma pensional. La Corte Constitucional apartó al magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez del caso tras aceptar su impedimento, lo que dejó el expediente en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, quien deberá construir una nueva ponencia.  Ese solo cambio de ponente puede extender el proceso varios meses más. El expediente vuelve, en la práctica, a un punto de partida.
Tras un empate técnico de 4 a 4 en la Sala Plena, el futuro de la reforma llegó a depender del voto de un solo conjuez.  Lo que en un Estado de derecho bien calibrado debería ser un proceso ordenado se ha convertido en una cadena de impedimentos, recusaciones y aplazamientos que mantiene a millones de colombianos en la incertidumbre sobre las reglas que gobernarán su pensión.
En ese escenario, el Gobierno ha optado por avanzar en la implementación como si la reforma ya estuviera en vigor. El borrador de decreto del Ministerio de Trabajo es el ejemplo más reciente, y el más audaz, de esa estrategia. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, fue el primero en alertar que el decreto sería ilegal, pues los recursos de ahorro deben mantenerse en las AFP y trasladarse solo al momento de la pensión. 
El impacto: $25 billones y la arquitectura del sistema
El monto en discusión no es menor. $25 billones equivalen a cerca del 1,8% del PIB colombiano. Son los ahorros individuales —no propiedad del Estado ni de Colpensiones, sino de los cotizantes que los acumularon durante su vida laboral— de más de cien mil personas. Moverlos sin autorización legal no es solo un problema de facultades reglamentarias: es una señal sobre cómo el Gobierno concibe la propiedad del ahorro pensional.
Los fondos privados, por su parte, no son actores neutrales en este debate.
Gestionan esos recursos y tienen incentivos para retenerlos. Pero en este caso, la advertencia del Banco de la República —una institución sin conflicto de interés comercial— les da un argumento institucional de peso para negarse al traslado.
El decreto, según la última información disponible, permanece habilitado para comentarios en la página del Sucop,  lo que sugiere que el Ministerio aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo adopta, modifica o retira.
El Banco de la República no tomó partido sobre si la reforma es buena o mala política pública. Señaló algo más preciso y más incómodo: que el Gobierno no puede actuar como si el fallo ya estuviera dado.
En un Estado de derecho, esa es una advertencia que pesa más que cualquier argumento político.
Para los 119.000 colombianos que usaron la ventana de traslado —muchos de ellos convencidos de que Colpensiones les garantizaría una pensión más alta que un fondo privado— la incertidumbre es doble: no saben cuándo la Corte fallará, ni bajo qué reglas finalmente se liquidará su jubilación.